Bermúdez de Castro denuncia que el pacto de investidura de Sánchez no puede ser progresista porque se basa en el privilegio y la desigualdad entre españoles

El portavoz adjunto del PP señala que “eso es retroceso, y que solo se hace por una persona, Pedro Sánchez, que ha puesto su ambición personal por encima de su palabra y el interés de los españoles”

Se pregunta si sirve al interés general privilegiar a unas Comunidades frente a otras, rompiendo el principio de igualdad y solidaridad entre españoles, generando españoles de primera y de segunda. “¿Desde cuando el progresismo se basa en el privilegio y la desigualdad?”

También se pregunta si es defender el interés general tener que pedir perdón a quienes quisieron romper nuestra integridad territorial en 2017, que haya un gobierno que tenga que pactar todo con 24 fuerzas políticas cediendo al chantaje de los independentistas, y si se puede gobernar España con quien quiere debilitarla y destruirla

“El pacto PSOE-Junts es indigno e inaceptable porque socava los principios de la España constitucional; es indecente desde el punto de vista ético porque supone cambiar impunidad y justicia por votos; es ilegal desde el punto de vista jurídico porque quiebra los principios de separación de poderes y nuestro marco constitucional; y es dañino desde el punto de vista social porque rompe con el principio de igualdad entre los españoles, dando privilegios a unos frente a otros”, denuncia

“Esto, en vez de mejorar la convivencia va a profundizar en la fractura social”, advierte Bermúdez de Castro, quien asegura que el PP “va a dar la batalla desde el punto de vista jurídico, legal y parlamentario y social”

Remarca que la amnistía no busca mejorar la convivencia ni la reconciliación, entre otras cosas porque los independentistas ni se han arrepentido ni quieren reconciliarse; de lo que se trata es de una amnistía a cambio de la investidura de Sánchez

Llama a todos los españoles a acudir a las concentraciones convocadas por el PP el próximo domingo a las 12:00 en todas las capitales de provincia para decir no a la amnistía y sí a la España constitucional, al Estado de derecho, la libertad, la igualdad y la solidaridad entre españoles

Destaca que todas las asociaciones judiciales, de todo signo, y de fiscales dicen que este acuerdo quiebra la separación de poderes, un principio básico para la democracia

“El propio CGPJ ha dicho que es una degradación de nuestro Estado de derecho”, añade el dirigente del GPP, al tiempo que subraya que también lo dicen destacados cargos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Almunia o Jaúregui, que se sienten avergonzados de un pacto que va más allá de los límites que establece nuestro marco constitucional

Señala que el presidente socialista Emiliano García-Page ha afirmado que llegaría hasta donde sea, y considera que “es el momento que dirigentes y diputados socialistas hagan una reflexión”. “Les pido que actúen conforme a lo que prometieron en campaña, sean coherentes y tomen sus decisiones; esto no es transfuguismo porque no pido el voto al PP, tan solo que sean coherentes”, afirma el dirigente del GPP, quién apunta que “si no están de acuerdo con el pacto con Junts, que se dé la palabra al pueblo, que en una circunstancia como esta sería lo más adecuado porque nada de lo que se ha acordado ha sido votado el pasado 23 de julio”

Lamenta que la presidenta Armengol haya puesto el Congreso al servicio del candidato Sánchez y califica de “falta de respeto” conocer a través de los medios cuestiones tan importantes como la fecha de investidura

Recuerda que en la legislatura pasada no se calificó la ley de amnistía de ERC porque los letrados y la Mesa consideraron que conculcaba gravemente los principios constitucionales, y avanza que el PP utilizará todos los instrumentos del Reglamento del Congreso para que no se tramite

También recuerda que la próxima Mesa es ordinaria y el artículo 69 del Reglamento establece un plazo general de al menos 48 horas para poder calificar una iniciativa, salvo que haya un acuerdo debidamente justificado. En este sentido se pregunta si la justificación sería que la ley de amnistía es condición sine qua non para la investidura, lo que sería una falta de respeto a la institución