Martínez-Maíllo pide que la Euroorden incluya los delitos contra el orden constitucional

El senador del GPP por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, ha solicitado en el Parlamento Europeo la reforma de la Euroorden para que se elimine el control de la doble tipificación para delitos graves como el atentado contra el orden constitucional, permitiendo la entrega inmediata de los autores de estos delitos con el simple reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los estados de la UE.

Recuerda que esta propuesta ya presentada y aprobada en el Parlamento Europeo refleja la necesidad observada por los grupos parlamentarios del PP en las Cortes Generales de regular y mejorar las órdenes de detención y entrega, aumentando la colaboración y reconocimiento de las resoluciones judiciales entre los estados miembros, desde la confianza del respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y la garantía del control judicial independiente.

“Buscamos que los delitos graves no queden impunes, proponemos que se pueda aplicar automáticamente la Euroorden a los acusados de atacar la integridad constitucional de un Estado miembro de la UE”, afirma y añade que el objetivo es “mejorar, eliminando el control de la doble tipificación los delitos graves”, en la línea con lo aprobado por la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en diciembre de 2020.

Martínez-Maíllo ha analizado la Resolución el Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Orden de detención y entrega de enero de 2021, que pedía a la Comisión que evalúe “la coherencia” de las 32 categorías de delitos que no requieren la comprobación de la doble tipificación, incluyendo nuevos delitos como los cometidos contra el orden constitucional.

En este sentido, ha señalado que, al realizar, esta ampliación “evitamos que la comprobación de la doble tipificación limite el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales entre Estados”, que debe interpretarse restrictivamente según jurisprudencia del TJUE.

El senador del GPP asegura que Eurojust es “una herramienta de éxito” para acelerar las investigaciones penales, facilitando la emisión de ordenes europeas de detención y entrega y, de completarse esta modificación, “mejorará la coordinación, ayudará a resolver conflictos de jurisdicción, y facilitará la elaboración y aplicación de instrumentos jurídicos de la UE”, como las órdenes de detención europeas y las resoluciones y certificados de embargo preventivo y decomiso.

“La UE es sobre todo un espacio de libertad, pero no existe libertad sin seguridad, y no existe seguridad sin Estado de Derecho, sin respecto a las leyes”, ha incidido Martínez-Maíllo para quien el marco en que se crea y actúa Eurojust desde 1999 ha supuesto un “avance innegable” en la protección de la libertad de los ciudadanos de la UE.

El dirigente del PP recuerda que Eurojust contribuyó en 2022 a la detención de más de 4.000 sospechosos, a la incautación o congelación de activos delictivos por valor de casi 3.000 millones de euros y a la incautación de drogas por valor de casi 12.000 millones de euros.

Concluye que, si bien el trabajo de Eurojust en 2022 se centró en apoyar la respuesta judicial de los Estados miembros a la guerra en Ucrania, la Agencia cumplió su mandato de luchar contra los delitos transfronterizos graves.