El PP del Senado saca adelante la propuesta para triplicar el plus de insularidad de los funcionarios en Illes Balears

La senadora del PP por Mallorca, María Salom, ha vuelto a reclamar al Gobierno que se dignifiquen las condiciones de vida de los funcionarios de la Administración General del Estado en Illes Balears a través de una moción en el Pleno de la Cámara Alta, que ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría de la Cámara, a pesar de la abstención del PSOE y PNV.

“Tenemos un serio problema de ‘desertización’ de la función pública porque los cerca de 10.000 policías, guardias civiles o personal de la Administración General se ven obligados a afrontar uno de los costes de vida más altos de España, con un irrisorio plus de 74 euros”, ha señalado para explicar después que esta indemnización por residencia del personal del sector público se fijó hace 17 años y “es, a todas luces, insuficiente y obsoleta”.

En este sentido, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular planteaba triplicar esta cuantía, hasta los 225 euros, “pero ya. Mañana mismo, como una medida de choque”, ha incidido Salom, quien ha recordado que este plus lo perciben trabajadores del sector público como Policías Nacionales, Guardia Civil, funcionarios de Hacienda, Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería.

La moción del PP planteaba, además, realizar un estudio económico en un plazo de menos de tres meses, para calcular el sobrecoste exacto y fijar el complemento de insularidad acorde a la realidad. El PP Balear con su presidenta, Marga Prohens, al frente lleva años trabajando junto a la plataforma ‘Insularidad Digna’, un movimiento por la calidad del Sector Público Estatal en el archipiélago y la mejora de las condiciones laborales del personal a su servicio, integrada por 18 sindicatos y asociaciones, que han asistido como público durante el debate en el Pleno.

Salom ha afirmado que los servicios públicos son de peor calidad cada día porque buena parte de las plantillas están cerca de la jubilación y existe una elevada rotación de personal, “los nuevos funcionarios vienen casi obligados y cuando pueden, piden irse”, ha lamentado. En este sentido, la senadora por Mallorca ha ofrecido el dato del déficit del 40% de media en las plantillas– que alcanza cifras del 60% en las oficinas de extranjería -, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para los equipos. Además, mientras en las últimas dos décadas la población ha crecido un 30%, el número de empleados públicos ha decrecido 10%.

LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA

“La brecha es evidente y, a pesar de ser un sitio maravilloso, no les compensa Baleares como destino porque en los últimos años de gobiernos socialistas, es imposible alquilar o comprar un piso donde vivir dignamente. Se ven obligados a compartir piso, y alquilar una habitación a precios desorbitados en el mejor de los casos, o viven en caravanas o garajes, en los casos más extremos. Es indigno y no quieren trabajar o vivir en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera”, ha lamentado Salom.

La senadora del PP ha recordado que el turismo es el principal motor económico de las Islas, “este año las aerolíneas han programado más de 43 millones de asientos pero en Ibiza, por ejemplo, un tercio de los policías ha pedido otro destino. Hablamos de seguridad, de medicina, de servicios generales, en definitiva, servicios a los que todos los españoles deberían acceder con un mínimo de calidad. Una calidad que en Baleares se pierde día a día. Y, todavía, el ministro Marlaska en una reciente visita a Baleares se permite decir que ‘lo está estudiando’. Es indignante ver cómo el Gobierno de Sánchez afronta los problemas con palabrería”, ha afirmado la senadora mallorquina.

“No agachen la cabeza frente a Sánchez” ha pedido Salom a los senadores del PSOE, y les ha recordado que los socialistas han votado a favor de una propuesta similar en el Parlamento de las Illes Balears “porque es de justicia”. Por ello, ha pedido que “defiendan a Baleares, defiendan la presencia del Estado en las Islas y los funcionarios públicos puedan vivir dignamente”.

A pesar de esto, el PSOE se ha abstenido, dando la espalda nuevamente a los miles de empleados de la función pública y sus familias en Illes Balears a pesar del intento del PP en el Cámara Alta de dignificar la situación de los trabajadores del Estado en el archipiélago. De hecho, en junio los senadores del PP ya presentaron una moción en la Comisión de Función Pública en términos similares, que fue rechazada por el PSOE.

Por su parte, el senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, que ha intervenido en el turno de portavoces, ha incidido en la ‘sangría’ del número de funcionarios con un descenso paulatino de empleados públicos en las Islas.

Marqués ha destacado las consecuencias negativas de esta realidad y ha señalado en materia de seguridad, con una falta de efectivos en Policía Nacional y Guardia Civil; en Justicia, con unos “retrasos históricos, como nunca se habían visto en los juzgados”; en trámites básicos para los ciudadanos, como puede ser una gestión con el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social. Servicios vitales que en Baleares “están colapsados por la falta de medidas de este Gobierno” igual que el acceso a la vivienda, “misión casi imposible porque es, precisamente, uno de los mayores fracasos de la izquierda en Baleares”.

El complemento de indemnización por residencia lleva diecisiete años sin actualizarse mientras la vivienda se ha disparado y el nivel de vida se encuentra en máximos históricos, con unos problemas de transporte evidentes, fruto de la insularidad, y con una doble insularidad de las islas menores evidente. Por tanto, y conociendo el problema, ¿a qué esperamos para actualizarlo?”, se ha preguntado.

Marqués ha explicado que para aplicar el incremento del plus de insularidad a 225 euros, como pedía el PP, el Gobierno deberá consignar una partida adicional de 18 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Una cantidad “menor, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez se gasta 146 millones de euros solo en publicidad, mientras los guardias civiles o policías nacionales tienen que dormir en una furgoneta”.

“No es el momento de inventos ni de excusas. Este es un problema de voluntad política de hacer justicia, de voluntad política de dar un servicio a sus conciudadanos, de voluntad política de cumplir los acuerdos que adoptamos aquí, en las cámaras de representantes y de voluntad política de solucionar los problemas”, ha concluido Marqués.