El GPP logra aprobar una iniciativa que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para romper con la “brecha de uso” que supone la transformación digital de servicios esenciales para los consumidores y usuarios como la gestión de infraestructuras ferroviarias o los servicios bancarios
Según explicó la diputada del GPP Elena Castillo, la proposición no de ley de los populares también busca garantizar la igualdad real y efectiva de todos los territorios de España, prestando especial atención a las zonas rurales y con riesgo de despoblación
Además, como subrayó, se incide en la necesidad de asegurar el correcto servicio a todos los usuarios, evitando a toda costa la exclusión personal y social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad
Apunta que la digitalización de los procesos comerciales y administrativos ha irrumpido en nuestro día a día de forma precipitada y sin tener en cuenta que hay una parte muy significativa de la sociedad “que no son nativos digitales y no lo van a ser nunca por sus limitaciones físicas, la salud, los cambios socioculturales o la falta de accesibilidad en muchas zonas rurales y la brecha digital los han convertido en vulnerables”
Señala que “hablar de brecha digital es hablar de brecha de uso porque hay que tener competencias y conocimientos digitales para utilizar, por ejemplo, los servicios de atención remota en estaciones de zonas rurales, muy dispersas y con una población muy envejecida; o para usar los cajeros que actualmente sustituyen a las oficinas bancarias de pueblo que tan necesarias y esenciales para nuestros vecinos”
“Se está sustituyendo a las personas por las máquinas, presencia a distancia, sin tener en cuenta que la actividad bancaria o las infraestructuras de transporte público deben llegar a todos los usuarios, con las modalidades que más se adecúen a cada uno de ellos, garantizando la igualdad de derechos de los consumidores”, alerta
Recalca que, al igual que los servicios financieros deben cubrir necesidades de interés general y particular de manera permanente, la gestión de las infraestructuras ferroviarias también debe funcionar de manera “regular, cercana, continua y presencial” para garantizar que el interés del ciudadano está por encima del interés de quien presta el servicio, “sea una entidad privada, como los bancos, o pública, como en el caso de Renfe”
Recuerda que el eje 7 del Plan de Recuperación frente al Reto Demográfico del Gobierno tiene entre sus finalidades mejorar la prestación de servicios básicos en el medio rural o impulsar la descentralización de servicios e infraestructuras hacia las provincias en declive demográfico, pero lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté implantando medidas que van en sentido contrario a lo que promulga ese documento