María Salom califica de “burla” los 74 euros de plus de insularidad que reciben los funcionarios

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Mallorca, María Salom, ha reclamado hoy al Gobierno, durante el debate de una moción del PP que ha sido rechazada por el PSOE en la Comisión de Función Pública, que revise las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears, tras lo que ha calificado de “burla” los 74 euros al mes que reciben de plus de insularidad.
Salom, tras recordar que estás cuantías para compensar a los territorios extrapeninsulares se establecieron hace más de 15 años, ha pedido al Ejecutivo que adapte las indemnizaciones a la realidad actual mediante una dotación presupuestaria, que como mínimo deberá ser de 18 millones de euros adicionales para el ejercicio 2022 a los ya contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Además, la senadora popular ha exigido realizar las modificaciones legales pertinentes que habiliten a la Comunidad Autónoma de Illes Balears a incrementar las retribuciones del personal al servicio de su sector público en hasta un 50% de la subida que se establezca para el personal al servicio del sector público estatal.
Salom ha afirmado que “los servicios públicos son de peor calidad en Illes Balears que en el resto del territorio español porque los funcionarios de la Administración General del Estado no quieren este destino”.
A continuación, ha recordado que en las Islas hay más de 10.000 funcionarios del Estado: Policías Nacionales, Guardia Civil, funcionarios de Hacienda, Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería.

PLANTILLAS AL 60%

En este sentido, la senadora popular ha señalado que debido a lo “caro, carísimo” que resulta vivir en Baleares, “no se cubren las vacantes y las plantillas están a un 60%”, lo que repercute en la calidad de los servicios públicos. “En plena temporada turística necesitamos las plantillas al 100%”, ha subrayado.
La moción del Grupo Popular también reclama “elaborar un estudio económico sobre los costes reales que les supone a los empleados del sector público realizar sus funciones en las Illes Baleares y, con estos datos, poder actualizar la indemnización por residencia para ajustarla a la realidad. Este estudio se efectuará en un plazo de tres meses”.
Por su parte, el senador por Menorca, Cristóbal Marqués, que ha intervenido en el turno de portavoces, ha puesto de relieve los datos facilitados por los propios de los propios sindicatos, que resaltan que “mientras en el año 2012 había más de 5.200 empleados de la Administración General del Estado en Baleares, hoy no llegan a 4.000”.
“Esta cifra muestra perfectamente cómo el Estado va perdiendo peso en las Islas Baleares y, lo más grave para los ciudadanos es que esto se traduce en una disminución de la calidad del servicio. Lo vemos en materia de seguridad, con una falta de efectivos en la Policía Nacional y Guardia Civil; en Justicia, con unos retrasos históricos en los juzgados; y en trámites básicos para los ciudadanos, como el Servicio Público de Empleo”, ha afirmado el senador.

Marqués también ha puesto de manifiesto los graves problemas para encontrar vivienda, con precios que suben cada año. “La situación es muy preocupante, pero en Ibiza, Formentera o Menorca ya es insostenible, con situaciones inverosímiles: policías, médicos, alquilando garajes por 600 euros o teniendo que vivir en furgonetas”, ha denunciado.

Por último, el senador del PP ha remarcado que “la indemnización por residencia lleva 15 años sin actualizarse, mientras la vivienda se ha disparado y el nivel de vida se encuentra en límites históricos”, tras lo que ha apuntado que subir la indemnización de 74 a 246 euros, “sólo le cuesta al Estado 18.000.000 de euros, irrisorio para el presupuesto que maneja el Ministerio de Hacienda”. Ha concluido.