La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que “el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a su suerte a las Comunidades Autónomas” en esta quinta ola de la pandemia de la COVID-19, y no entiende por qué aun no hay un marco jurídico estable, una Ley concreta basada en la propia pandemia.
“Con esta Ley aseguraríamos la salud de los ciudadanos españoles, pero también los Derechos Fundamentales, que no haya veranos diferentes según la CCAA en la que estés y, por supuesto, la economía”, ha explicado.
Dolors ha destacado que el gobierno de Sánchez se tiene que guiar por criterios científicos y no solo políticos “en la Comisión de Recuperación, el PP propuso al presidente, junto a otras fuerzas políticas, 199 medidas sanitarias para prepararnos ante otras posibles olas de COVID-19 y ante futuras pandemias similares, y el 85% de esas medidas han sido incumplidas”.
Además, no entiende por qué el ejecutivo socialista ha dicho “no” a la vacuna de Astra Zeneca, validada y asegurada por la EMA, “lo que ha supuesto un atraso en la vacunación de la población, al tener tres vacunas en circulación en lugar de cuatro”.
Montserrat ha recordado que la prórroga del estado de alarma que quería mantener el Gobierno socialista no es suficiente para controlar picos de infecciones o para prevenir nuevas olas. “Es necesario un marco jurídico estable, vacunar lo más rápido posible, hacer test masivos en las farmacias - algo que llevan pidiendo gobiernos autonómicos populares desde hace un añoy realizar estudios prospectivos de los vacunados para conocer cómo está operando la inmunización y ver si hace falta una tercera dosis”.
En este sentido, la eurodiputada ha subrayado que Europa “ha hecho su trabajo con éxito”, invirtiendo en la compra de 500 millones de vacunas -de las que 400 millones ya están inoculadas-, gestionando los fondos de recuperación vitales para asegurar el Empleo, y lanzando el certificado digital para proteger y defender la libertad de movimiento, y ha vuelto a pedir al Gobierno español un marco jurídico estable basado en la pandemia que no deje a su suerte a las 17 CCAA como lo están actualmente.