Titulares:
- Vuelve a tender la mano al Gobierno para acordar un pacto Cajal por la Sanidad, un marco legal frente a posibles rebrotes “sin tener que volver al estado de alarma” y una oficina de víctimas del Covid.
- Propone un plan de choque económico para reducir impuestos, burocracia y ampliar los ERTE hasta fin de año, crear empleo “y que no haya más cierres como Nissan y Alcoa”.
- Plantea a Sánchez una comisión con autonomías y ayuntamientos, para coordinar medidas sociales, como la renta mínima que apoyó el PP la pasada semana, “a pesar de sus ataques”.
- Anuncia que el PP se opondrá "por el respeto que le tiene" a que "humillen" a González investigándole en el Congreso como pide Podemos.
- Recuerda a Sánchez que debe la presidencia a Iglesias, quien dijo que había que iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78”; a Junqueras, que “desde la cárcel le vuelve a hacer sentarse en la mesa de autodeterminación” y, “para su vergüenza”, también a Otegi, que “justifica el terrorismo mientras pacta el futuro de los trabajadores”.
- “Quizá por eso, su ministro de Justicia se atrevió a decir que la Constitución está en tela de juicio”, agrega.
- “La crispación que vende su propaganda no es más que el eco del “no es no. La confrontación que nos atribuye lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente”, advierte al presidente del Gobierno.
- Sostiene que “ya nadie duda en todo el mundo” de que la gestión de Sánchez ha sido un fracaso, y que por eso España registra las peores cifras de contagiados, fallecidos y parados. “Pero al menos no ataque a las instituciones democráticas”, le pide.
- Lamenta que, mientras en Italia el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión; en Francia la Fiscalía actúa de oficio frente al gobierno y en Chile cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos, en España se critica a los jueces, se pone de fiscal a una comisaria política, se oculta a 16.000 víctimas y se purga a los responsables policiales por pedir más medios y mascarillas.
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