El Grupo Parlamentario Popular ha presentado hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Comisión de Investigación del Congreso relativa a la presunta financiación ilegal del PP porque “dicha Comisión vulnera los derechos fundamentales de los comisionados”.
El Grupo Popular asegura que el recurso trata de defender el derecho de ocho millones de españoles a los que representamos y defenderemos. Además, el recurso pretende permitir que el partido investigado pueda ejercer su derecho de representación en un plano de igualdad con el resto de grupos parlamentarios.
“No investigar para ver si hay algo que averiguar o investigar, sino concretar qué se quiere investigar y no demonizar hasta investigar”.
Según recuerda el Grupo Popular, tras regular la composición y el régimen de adopción de acuerdos de la Comisión, se preveía un plan de trabajo aprobado por la misma que incluiría las comparecencias que se considerasen oportunas. Así, los grupos podrían solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos desde el momento de su constitución.
El GPP presentó un escrito al presidente de la Comisión en el que formulaba una “cuestión de previo pronunciamiento al plan de trabajo”. En este escrito, el GPP solicitaba que se recabara dictamen del Letrado para que el objeto de la Comisión de Investigación quedara acotado o concretado temporal, institucional y materialmente. Dicho escrito, que presentó el Grupo Popular, concluía que resultaba imposible presentar un plan de trabajo coherente y formular las peticiones de documentos y comparecencias sin conocer el objeto específico de la Comisión.
De esta forma, el GPP considera que esta Comisión de Investigación soslaya el núcleo de la función representativa parlamentaria por la falta de concreción del objeto de la Comisión de Investigación, que permita presentar cabalmente una propuesta de plan de trabajo, y por la denegación del previo informe de Letrado de la Cámara.
El GPP asegura que esta es la razón por la que se vulnera el derecho al ejercicio de las funciones representativas sin restricciones ilegítimas fijadas en el artículo 23.1 de la Constitución en relación al artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el ejercicio de las funciones públicas sin perturbaciones ilegítimas.
Los populares explican que reiteradamente ha declarado el TC que integran ese núcleo las normas relativas no sólo a la función legislativa, sino a la función de control que incumbe a la Cámara. En este sentido, los recurrentes pretendían que la Comisión concretara su propio objeto, previo informe de los Letrados de la Cámara, como presupuesto para poder ejercer cabalmente sus funciones en la Comisión y, en particular, la primera de ellas, la de presentar una propuesta de plan de trabajo.
Sin esa delimitación del objeto de la investigación, realizado previamente por acuerdo de la Comisión, resultaba imposible el correcto ejercicio de sus funciones por parte de sus representantes.
Por lo tanto, asegura el GPP, es clara la vulneración del artículo 23.2 en relación con el artículo 23.1 de la Carta Magna en el sentido expuesto.
Por todo ello, el Grupo Popular pide al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Investigación que investiga sólo las cuentas del Partido Popular.
De esta manera, el GPP ha apuntado que se restablecería el derecho fundamental al ejercicio sin restricciones indebidas de la función representativa violado por dicha Comisión.
Por último, el Grupo Popular ha señalado que en caso de estimar el recurso de amparo se debería concretar el objeto de la Comisión, previo informe del Letrado de la Cámara.