Violante Tomás reclama al Gobierno que desarrolle la Ley del Tercer Sector

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Murcia, Violante Tomás, ha exigido al Gobierno de Sánchez, durante el debate de una moción de su Grupo que ha sido aprobada en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Alta, que desarrolle la Ley del Tercer Sector, aprobada en el año 2015 por el Gobierno del PP y que fue considera “una ley pionera y un gran logro”, por las organizaciones sociales articuladas en el Tercer Sector de Acción Social en España.

Durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales, Violante Tomás ha denunciado que el Gobierno del PSOE “no ha hecho nada en los últimos dos años” y ha asegurado que “es una gran decepción, que el logro conseguido con un Gobierno del Partido Popular no se haya podido traducir en concreciones y avances para el Tercer Sector”.

En este sentido, la senadora popular ha afirmado que “por primera vez, España se dotaba de un marco normativo que ampara a todas aquellas organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las necesidades de más de 7 millones de personas en situación de exclusión social”. Además, gracias a la Ley aprobada por el PP, se impulsó la interlocución con el Tercer Sector, que ya se había puesto en marcha, en el año 2013, con la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Violante Tomás ha señalado que, este órgano de participación institucional, “ha sido un “eficaz foro de encuentro” entre representantes de la Administración General del Estado y la Plataforma del Tercer Sector y ha conseguido impulsar importantes medidas de interés público para el Tercer Sector de Acción Social.

La senadora popular ha explicado que el Tercer Sector de Acción Social en España está integrado por más de 30.000 organizaciones; 8 de cada 10 organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.300.000 personas voluntarias; da empleo a cerca de 645.000 personas y representa el 1,5% del PIB.

Además, Violante Tomás ha recordado que la actividad del Tercer Sector de Acción Social nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación. “El ejercicio de estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía”, ha subrayado.

Por último, la senadora popular por Murcia ha enumerado los puntos que recoge la moción del GPP y que instan al Gobierno a poner en marcha:

• Un Programa de Impulso para las Entidades del Tercer Sector con el que se podrá seguir avanzando en el fortalecimiento, articulación e impulso de propuestas a favor de las personas y contra la desigualdad.

• El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, como un órgano colegiado de naturaleza interinstitucional y de carácter consultivo, adscrito al Ministerio que tenga la competencia en materia de servicios sociales, concebido como ámbito de encuentro, diálogo, participación, propuestas y asesoramiento en las políticas públicas.

• El Estatuto de las Organizaciones Sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, donde se regule el procedimiento de reconocimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras en el ámbito de la Administración General del Estado, así como sus derechos y obligaciones.

• La creación y puesta en marcha del Inventario de las Entidades Sociales que se organizará en función de los diferentes tipos de entidades, y en coordinación con los registros y catálogos existentes en las CC.AA.

• Por último, insta al Gobierno a reactivar la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector; una mesa de diálogo e interlocución, con el objetivo de fortalecer la participación del Tercer Sector en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión social. Una comisión para conocer o debatir las medidas que afecten directamente a los grupos de población en riesgo de pobreza o exclusión social, y para conocer, también, los planes o programas de acción para el apoyo e impulso del sector y los sistemas de financiación.