El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, valoró “muy positivamente” el Real Decreto-Ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que elimina la doble comisión por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos de una entidad ajena a la emisora de la tarjeta de débito o crédito.
Para el portavoz popular, esta medida “es una clara manifestación de la preocupación del Gobierno por los ciudadanos, que ha sido constante a lo largo de la legislatura, así como la protección de los derechos de los ciudadanos en los asuntos que tienen relación con las entidades financieras”.
“Cada vez más”, afirmó, “las tarjetas son el medio de pago más habitual entre los ciudadanos; por tanto, es un deber de los poderes públicos proteger a los consumidores e intentar que el coste del uso sea el menor posible y, desde luego, que no haya un doble coste entre el banco emisor y el banco de dónde se retira el dinero”. Así, “el Ejecutivo termina la legislatura como la empezó, dando soluciones a los problemas de los ciudadanos, en este caso protegiendo los derechos de los consumidores en el uso de las tarjetas”.
El portavoz popular recordó que al inicio de la legislatura, “encontramos muy serios problemas derivados de la preocupante situación de algunas entidades financieras, lo cual ponía en riesgo los depósitos de los ciudadanos; de unos productos financieros que se habían comercializado como parte del capital de la sociedad y sin embargo a los consumidores se les había dicho que tenían garantizados los intereses, y de una inmensa cantidad de hipotecas concedidas sin las debidas garantías, que ante un cambio de situación ponían en riesgo la vivienda de muchas familias”.
Por ello, “desde el primer momento, el Partido Popular se dedicó a solucionar esos problemas que no se habían abordado en absoluto, y se trabajó en una línea que era consolidar las entidades financieras para garantizar los depósitos, aunque los propietarios perdieran su capital”. “No nos importó el capital de las entidades, no nos importaron los dueños de las entidades sino los depositantes”, subrayó.
“En segundo lugar se trabajó a través de un mecanismo ágil de arbitraje para que todo el mundo que había sido engañado en la comercialización de las preferentes pudiera recobrar su dinero, y en tercer lugar se trabajó para garantizar la vivienda de muchas familias que por razones sobrevenidas no podían afrontar la obligación del pago de la hipoteca” explicó Martínez-Pujalte
“Por tanto, valoramos muy positivamente esta iniciativa del Gobierno, que sigue en la misma línea que se ha trazado durante toda la legislatura y tiene un propósito claro, que en España haya un sistema financiero que funcione, pero un sistema financiero en el que se proteja a consumidores y usuarios”, concluyó.