Lamenta que los grupos hayan presentado casi las mismas propuestas que otros años, por lo que insta a "hacerlas actuales para agilizar la presentación de la memoria en años judiciales y no en años naturales".
La portavoz adjunta de Justicia del Grupo Popular, Beatriz Escudero, afirmó hoy que "la defensa de un Poder Judicial independiente es una necesidad imprescindible para configurar un verdadero Estado democrático de derecho".
En su intervención en el debate de las Propuestas de Resolución relativo a las Memorias del CGPJ correspondientes al año 2012, Escudero recordó que "la memoria no pretende hacer un balance estrictamente de la Justicia, sino reflejar la realidad de la actual organización y funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial y de los integrantes de este poder del Estado como servicio público del ciudadano".
En este sentido, aseguró que "el hecho de que sea un poder del Estado, no es incompatible con que sea un servicio público, sino todo lo contrario".
Así, destacó que "la memoria anual es el verdadero instrumento político del Consejo para materializar la separación e independencia del Poder Judicial y, por otro lado, permitir su comunicación y colaboración con el Poder Legislativo".
"Este es un acto de rendición de cuentas periódico a los representantes del pueblo y sólo por esto deberíamos mostrar el máximo respeto a nuestro cometido", subrayó.
Sobre las Propuestas de Resolución que los distintos grupos parlamentarios han presentado, la portavoz del PP lamentó que las mismas denoten que "son más un mero trámite anual que una apuesta decidida por mejorar la administración de Justicia".
En su opinión, "éste es el debate en el que deben centrarse las propuestas de mejora de la administración de Justicia y aquí ha faltado y también por la falta de esfuerzo o de trabajo y de imaginación en las propuestas planteadas".
"Casi todos han presentado casi la totalidad de las mismas propuestas presentadas otros años", lamentó Escudero, quien avanzó que una de las propuestas del PP es que "hay que hacerlas actuales para agilizar la presentación de la memoria en años judiciales y no en años naturales, con la finalidad de poder tener una radiografía exacta y real de la situación de la administración de Justicia en España".
Resto de propuestas del GPP
La portavoz adjunta de Justicia del GPP indicó que otras de las propuestas de su grupo es que, "como consecuencia del impulso que la mediación ha experimentado el último año, ya es tiempo suficiente para que el Consejo haga un estudio del impacto que la aplicación de la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles está teniendo en la reducción de la litigiosidad".
Asimismo, desde el GPP se insta al Consejo a que en la memoria anual refleje con precisión el volumen real de procesos judiciales y, con ello, la tasa real de litigiosidad. "También –añadió- a que elabore y apruebe los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que estime convenientes para determinar así la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional".
En otro orden, Escudero destacó la propuesta al Consejo "para que se haga un seguimiento y se informe del grado de cumplimiento del código ético para la carrera judicial".
La última de las propuestas del Grupo Popular, y en cumplimiento del mandato constitucional a los poderes públicos de realizar políticas de integración de las personas con discapacidad, insta al Consejo General del Poder Judicial "a que reserve en la carrera judicial un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior a un 33%".
Además, Beatriz Escudero destacó "el ánimo de diálogo y consenso de casi todas las formaciones políticas una vez que el GPP va a aprobar propuestas de todos los grupos parlamentarios" al haber conseguido el acuerdo con bastante de ellos.
"Es una lástima –dijo- que tanto el PSOE como Izquierda Plural no hayan sido receptivos a nuestras propuestas, aunque lo contrario hubiera sido lo sorprendente".
Por último, indicó que con las Propuestas "estamos colaborando con la suprema labor de administrar Justicia, necesaria para la consecución de la paz social". "Ni la administración de Justicia ni el Poder Judicial pueden ser nunca motivo de grandes divergencias ni disputas", concluyó.