El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada en la Comisión de Educación y Deporte, a que continúe velando por los derechos lingüísticos en aquellas CC. AA. con lengua cooficial que limiten los derechos y oportunidades de los alumnos en función del modelo lingüístico en el que reciban la enseñanza, así como a continuar garantizando la efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos.
El 27 de enero de 2017 el Gobierno valenciano aprobó el Decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación a las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana. La senadora del PP por Valencia, Marta Torrado, que ha sido la encargada de defender esta iniciativa, ha dicho con contundencia: “No estamos dispuestos a que se vulneren los derechos de los valencianos en el ámbito lingüístico, ni sus libertades y les sometan a un chantaje ruin utilizando el sistema educativo como herramienta para adoctrinar a los ciudadanos”.
El Decreto propone que, en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano, se aplicará “el Programa de Educación Plurilingüe Dinámico”. Dicho programa consta, de acuerdo con su artículo 10, de seis niveles de competencia de lenguas. Según estos niveles, el programa organiza como “básicos” a los alumnos que estudien en castellano y como “avanzados” a los que lo hagan en valenciano.
Ambos niveles se asocian con unas horas y una titulación diferente en inglés, siendo inferior en el caso del nivel básico o castellano y lográndose la titulación máxima de inglés si se opta por el nivel de mayor número de horas en valenciano.
En este punto, Torrado ha recordado que el propio TSJCV “ha paralizado de forma cautelar el Decreto que se está intentando imponer en la Comunitat por considerar que dicho dictamen se salta la ley y el Estado de Derecho”.
La senadora popular ha explicado que este decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo, se certificará el nivel de competencia de los alumnos. Así, los que terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado -inglés y valenciano-, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 de valenciano sin tener que someterse a un examen interno. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con aquellos alumnos, que hayan escogido el nivel básico.
“La Administración valenciana discrimina gravemente a las zonas castellano parlantes y a los valencianos que escojan el castellano como lengua vehicular”, ha señalado Torrado.
Ha continuado diciendo que “todo ello supone jugar con la necesidad de los padres de enseñar inglés a sus hijos y con el legítimo derecho de que acaben la formación, con una certificación adecuada en inglés, tan necesaria para tener oportunidades en un mundo laboral globalizado”.
USO IDEOLÓGICO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA
En este punto, la senadora del PP ha recalcado que el Ejecutivo valenciano utiliza la legislación educativa como “herramienta política y pincel social, para que un gobierno dibuje, mediante la ideología, la sociedad que anhela, en vez de articular normas que respeten la diversidad lingüística, y la libertad de las personas”. Asimismo ha querido recordar que “el catalán no puede ser un modelo a seguir para la Comunitat Valenciana”.
Además, ha insistido en que a lo largo de la historia se ha demostrado que es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano.
Para concluir ha recalcado que “el escenario propuesto constituye, por el contrario, la utilización de una lengua como el inglés, para lograr objetivos de imposición lingüística del valenciano en detrimento de los derechos de las familias y las oportunidades de los alumnos”.
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