Tomás Cabezón pregunta al Gobierno si garantiza el cobro puntual de todas las pensiones y que no volverán a congelarlas.
Hoy, durante la comparecencia, en comisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Titulares de su intervención:
El portavoz del GPP en la Comisión del Pacto de Toledo al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones: “¿Garantiza usted el cobro puntual de todas las pensiones a todos los pensionistas del país? ¿Garantiza usted que las pensiones no se van a volver a congelar, como ya hizo el Gobierno del PSOE?
Recuerda “que para mantener la Seguridad Social, es necesario tener cotizantes”, por lo que advierte de que “o el Gobierno protege y ayudan de verdad a empresas, autónomos y trabajadores o el sistema correrá serios peligros”.
“Desde el día después de la manifestación del 8-M hasta final de mes se han destruido casi 900.000 empleos. A 31 de marzo hay 18.445.436 cotizantes, lo que supone que el último año se han destruido 598.141 empleos”, lamenta.
Acusa al Ejecutivo de, “bajo la justificación de preservar el empleo, lo que hacen es ponerlo en grave riesgo, porque el empleo lo facilitan las empresas y si estas desaparecen, el empleo desaparece, y por lo tanto los cotizantes”.
Avisa de que “en una situación como la que estamos sufriendo, no se puede dejar de lado a la población vulnerable, pero es imprescindible no convertir en vulnerables a los que no lo son y eso es lo que sucederá si se pierden los puestos de trabajo”.
Afirma que “el Gobierno repite que no va a dejar a nadie atrás, pero la realidad es que ya se están quedando demasiados colectivos atrás”, por lo que reclama al Gobierno que atienda a los “múltiples colectivos que les están lanzando un SOS: autónomos, trabajadores en situación de ERTEs, Kellys y las madres que concluyan su baja por maternidad en marzo y abril que no se podrán acoger a la prestación por cese de actividad”.
Denuncia que “la ausencia de reformas, algunas medidas erróneas, el despilfarro de los recursos públicos y el desajuste de las cuentas públicas nos han situado en una situación de especial vulnerabilidad previa a la crisis del coronavirus”.
Asegura que “los últimos decretos contienen una serie de medidas que hacen más costoso para nuestro tejido productivo llevar esta situación. Y hacer la crisis más costosa a las empresas es la mejor manera de conseguir que estas lo tengan mucho más difícil para sobrevivir”.
Reclama al Gobierno que no castigue a las empresas “con medidas que suponen costes en periodos en los que pierden sus ingresos, no les den financiación con una mano para con otra cobrarle los impuestos”.