Titulares Pablo Casado en el Mobile World Congress
Durante su intervención ante los medios de comunicación
Casado propone que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza junto a la cooficial, obligatoria en todas las comunicaciones públicas y en el acceso al empleo público, y que toda la señalización urbana e interurbana sea también en el idioma común, sin perjuicio del uso de las lenguas cooficiales.
Asegura que el uso de las lenguas cooficiales no puede ser en detrimento del idioma común de los españoles, quienes no pueden ser perjudicados, por ejemplo, en el acceso a un empleo público en todo el territorio nacional.
Destaca que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro “fueron muy claros” en su declaración ante el Tribunal Supremo al decir que desde el Gobierno se avisó de manera “ponderada y responsable” a los independentistas.
Subraya que el Gobierno del PP nunca “diálogo debajo de la mesa ni hubo relatores ni documentos inadmisibles como el de Pedralbes”.
“El Partido Popular hizo lo que tenía que hacer y ojalá ahora hubiera un Gobierno que hiciera lo que está obligado a hacer, que es obligar a todo el mundo a cumplir la ley”.
Destaca que cuando el PP pide que se cumpla la Constitución en Cataluña no lo hace “contra nadie” sino para que se recupere la “concordia, la prosperidad, la convivencia y la legalidad”.
Afirma que el Mobile World Congress es “marca España, marca Cataluña y marca Barcelona” y recuerda a “la Barcelona olímpica y cosmopolita” del 92.
Muestra su preocupación por el hecho de que esta cita internacional se haya puesto en riesgo por la irresponsabilidad de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Recuerda que el sector que aglutina este congreso internacional representa el 4% de nuestro PIB y da empleo a más de medio millón de personas.
Apuesta por medidas de carácter fiscal para atraer el talento y captar las deslocalizaciones de empresas tecnológicas después del Brexit.
Pide a Sánchez que “acepte un cara a cara, como siempre ha habido en nuestra democracia”. Lo contrario, a su juicio, “sería hurtar el derecho de los españoles de saber cómo confrontan en un debate público las dos alternativas que pueden ser Presidencia de Gobierno” a partir del 28 de abril.