Titulares de su intervención:
• La diputada del PP asegura que “el mejor escudo social, y la garantía de buenos servicios públicos, pensiones y prestaciones, es el empleo”.
• Afirma que el Gobierno “no ha inventado nada nuevo” con el Ingreso Mínimo Vital, ya que desde los años 80 las Comunidades han configurado un sistema de ese tipo de prestaciones, y muchas de ellas fueron implantadas por gobiernos del PP, como en Extremadura.
• “El éxito del Ingreso Mínimo Vital se debe medir por que existan oportunidades que hagan que disminuyan los hogares que lo necesiten, el aumento de sus potenciales beneficiarios sería un fracaso como país”.
• Denuncia que el Gobierno de Sánchez ha aprobado esta propuesta “sin consenso con la oposición, ni los agentes sociales, ni las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos”.
• Señala al Ejecutivo que “una medida así debe abordarse con rigurosidad para que llegue a quien de verdad lo necesite, evitando abusos y siendo económicamente sostenible”.
• Considera que el Ingreso Mínimo Vital debe tener “carácter subsidiario al empleo” para ser “una red de seguridad en el tránsito desde la situación de exclusión hasta la plena integración social mediante el empleo”.
• Exige que se aclare las dudas suscitadas sobre el acceso a la prestación a los inmigrantes en situación irregular porque podría producirse un “efecto llamada que se ha de evitar”.
• Reprocha al Gobierno que hayan excluido a 250.000 hogares y casi tres millones de españoles de los beneficiarios que contemplaban hace un mes.
• Critica la desigualdad que produce que el Ejecutivo de Sánchez conceda la gestión de este ingreso solo al País Vasco y Navarra, “un injustificable demérito a la capacidad del resto de Comunidades Autónomas que llevan décadas gestionando eficazmente estas rentas”.
• Exige un fondo económico para que los Ayuntamientos gestionen el Ingreso Mínimo Vital porque les van a imponer la carga burocrática de la gestión del mismo sin contraprestación económica.
• Considera que una norma como la del Ingreso Mínimo Vital exigía tramitarse como proyecto de ley, con los preceptivos informes, audiencias y memoria económica.