Tellado, al ministro Bolaños: El Gobierno es una amenaza para la democracia porque quiere dinamitar los principios del Estado de derecho

• El portavoz del GPP denuncia que “el Ejecutivo no cree en el imperio de la Ley, en nuestro sistema de pesos y contrapesos, y en las instituciones democráticas libres e independientes. No cree en la democracia”

• Señala que Félix Bolaños, que “es el ministro de la amnistía, es un ministro plenipotenciario con un solo encargo: dinamitar los principios que sustentan nuestro Estado de derecho”; pero el PP no se lo va a permitir

• Indica que Bolaños es “el ministro para la erosión de la democracia, el portavoz de la degradación institucional”. “Ese es el papel que le ha encargado Sánchez para los próximos cuatro años”, sostiene

• “Usted -en referencia al ministro Bolaños- es el comisario político de Puigdemont”, asevera

• Recuerda que Calviño dijo este lunes que le pedía el cuerpo que Puigdemont sea juzgado. “¡Señora Calviño, no se lo pide el cuerpo, lo pide el Tribunal Supremo! ¡Lo pide la justicia española, que no pudo juzgarlo porque se escapó de nuestro país!”, subraya

• Recuerda que Sánchez es presidente del Gobierno no porque ganase las elecciones, sino porque compró los votos que no le dieron los españoles ofreciendo impunidad a unos delincuentes

• “Pedro Sánchez logró ser investido presidente porque se sometió a un chantaje: si borras nuestros delitos te hacemos presidente”, sostiene

• Pone énfasis en el papel protagonista que ha jugado Bolaños en los pactos de Sánchez con los independentistas, y que han llevado a España a sufrir una anomalía democrática: “Tener un gobierno pactado en Ginebra, controlado por un experto salvadoreño en guerrillas, y que ha llegado al poder ofreciendo impunidad a condenados por corrupción, malversación y presunto terrorismo”

• “¿Les ha quedado algo por entregar? ¿Hay algo que no estén dispuestos a vender por siete votos?”, interpela a Bolaños

• Advierte de que solo conocemos la punta del iceberg de los pactos que ha firmado con Junqueras y Puigdemont, pero no sabemos nada del pacto encapuchado que ha firmado con Otegui, aunque hoy conocemos parte de la moneda de cambio con la entrega del Ayuntamiento de Pamplona

• Relata las mentiras del Gobierno con la amnistía. “En julio de 2023 el ministro Bolaños dijo que Puigdemont estaba más cerca de rendir cuentas ante la justicia española cuando en marzo de ese año ya se estaban reuniendo con él en Bruselas”, remarca

• Acusa al Ejecutivo de tratar de colonizar todas las instituciones independientes y ponerlas al servicio de Sánchez: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Consejo de Estado, RTVE, Indra… y ahora también la agencia EFE en la que tienen la poca vergüenza de poner a su secretario de Estado de Comunicación

• Denuncia las injerencias e intromisiones del Gobierno en el poder judicial, y pone como ejemplo de ello, entre otras cosas, que desde que Bolaños es el titular de Justicia el Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado por desvío de poder y que el CGPJ se ha opuesto por primera vez en la historia al nombramiento de un Fiscal General del Estado

• “Ustedes no quieren renovar el CCGPJ, quieren controlarlo”, asegura Tellado, quien recuerda que al tiempo que hablaban con el PP negociaban en la sala de al lado la sedición y les pillaron. “No son de fiar e incluso sus socios se lo recuerdan en cada sesión parlamentaria”, destaca

• Remarca que Bolaños rinde cuentas en el Congreso en contra de su voluntad, ya que lo hace por una interpelación del PP tras rechazar la petición de comparecencia realizada por el Grupo Popular

• Asevera que el Gobierno “no tiene derecho a llamar ultra a nadie porque gobierna con Bildu, un partido que llevaba asesinos en sus listas” y considera que, además, darles el Ayuntamiento de Pamplona supone “una traición a los socialistas que han perdido su vida a manos de ETA”

• Lamenta la falta de autocrítica del Gobierno, fruto de la soberbia de Sánchez, que ha conseguido poner en su contra a centenares de entidades públicas y de la sociedad civil, a asociaciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda y de Trabajo, diplomáticos, Guardia Civil y Policía Nacional, e incluso a los dos expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar