El Senado pide que el Pacto de Estado por la Educación amplíe las competencias de la Alta Inspección de Educación

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha pedido al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara, la necesidad de que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación refuerce y amplíe las competencias de la Alta Inspección de Educación.

El texto de la moción aprobada, defendido por los senadores del PP, Antonio Galván y Juan Soler señala que la necesidad, “en aquellos casos en los cuáles la inspección educativa no actúe conforme a las funciones que tiene atribuidas y la normativa en vigor no se adecúe a la norma básica, de que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación refuerce y amplíe las competencias de la Alta Inspección educativa”.

Además, la moción de los populares señala que esta Alta Inspección  “disponga de mecanismos para velar ágil y rápidamente por que los centros educativos desarrollen sus actividades, con sujeción a los principios constitucionales, con garantía de neutralidad ideológica y respecto a las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución, y con una efectiva realización de los fines de la actividad educativa”.

El senador del PP por Badajoz, Antonio Galván, a lo largo de su intervención, ha señalado que la Alta Inspección tiene unas competencias que se centran, especialmente, en velar por que el desarrollo de las políticas educativas dictadas, con normativa básica, se lleven a cabo en las comunidades autónomas, así como en controlar que las Administraciones Educativas, en el ámbito autonómico.

Y precisamente “esa reducción competencial, o funcional, que, en el plano de lo práctico, ha provocado la transferencia de competencias educativas, se ha demostrado  perjudicial en las acciones de vigilancia y supervisión del cumplimiento de nuestras leyes de mayor rango en algunos centros educativos de nuestra nación”, ha puesto de manifiesto.

A renglón seguido, Galván ha denunciado que “alguno de esos gobiernos autonómicos ha permitido, y alentado, acciones de todo punto inadmisibles”, ya se han basado en la transgresión de nuestros principios constitucionales, y de las leyes vigentes, y en el fomento del adoctrinamiento como conducta admisible y útil a la hora de inculcar una ideología basada en la deformación de la Historia y la promoción de realidades virtuales y alternativas.

Como ejemplos de estas “malas praxis” en el ámbito educativo, por parte de altos cargos de gobiernos autonómicos, por entidades vinculadas a esos gobiernos, y por parte de ciertos funcionarios públicos, Galván ha citado las incontables las denuncias formuladas por docentes, padres, madres y alumnos de niños a los que se les obliga a entonar himnos y canciones a favor de la independencia,  realización de comentarios supremacistas, e insultos y vejaciones alusivos a España y  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o proyección de vídeos en los que se hacen proselitismo del secesionismo; o la creación y utilización de materiales en los que se pervierten y manipulan datos históricos.

UTILIZACIÓN DE TEXTOS HISTÓRICOS TOTALMENTE FALSEADOS

Por su parte, el portavoz de Educación del GPP, Juan Soler, ha denunciado también la utilización en la enseñanza en Cataluña de textos históricos “totalmente falsificados, como ha puesto de manifiesto, no el PP, sino el historiador John H. Elliott”.

Para terminar, Soler ha puesto de manifiesto que con el refuerzo de la Alta Inspección que propone el PP en esta iniciativa, también posibilitará complementar la funcionalidad y la relación entre las instituciones autonómicas y la del Gobierno de España.

Del mismo modo, Juan Soler a lo largo de su intervención ha denunciado que en muchos textos de enseñanza de la Comunidad Valenciana se está falsificando la historia. En muchos textos de educación de la Comunidad Valenciana hablan de “los países catalanes y eso no es así; como tampoco es así la historia que cuentan de Jaime I El Conquistador”, ha apostillado Juan Soler.