La Comisión de Vivienda del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se pide al Gobierno que mantenga el apoyo económico a las Comunidades Autónomas para las Áreas de Rehabilitación Integral y las Oficinas de Rehabilitación, con el fin de mantener su viabilidad y continuidad. La iniciativa ha salido adelante a pesar del voto en contra del Grupo Socialista.
La senadora del PP por A Coruña, Mª Jesús Sainz, ha defendido esta iniciativa ante la Comisión y ha explicado que tras las dudas generadas en la última Conferencia Sectorial de la Vivienda, donde la aún ministra del ramo, Beatriz Corredor, lanzó dudas acerca del mantenimiento de las ayudas a las oficinas de rehabilitación, cofinanciadas con las CC.AA. (un 60% a cargo de las CC.AA. y un 40% a cargo de la Administración Central), las alarmas han saltado, creando incertidumbre sobre su futuro.
En concreto, ha detallado Sainz, en Galicia, en cada ayuntamiento en el que hay declarada un Área de Rehabilitación Integral (ARI), funciona una oficina de rehabilitación municipal que se financia con aportaciones del Ayuntamiento, del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y del Ministerio de Fomento. Estas oficinas funcionan además como ventanillas únicas de vivienda, dando asesoramiento e información del Plan de Vivienda, constituyendo verdaderos instrumentos de información y gestión del Plan.
La senadora gallega ha indicado que "desde el 2009 se han recortado en más de un 65% los fondos destinados a la financiación de estas oficinas, con el consiguiente perjuicio para el funcionamiento de la rehabilitación en Galicia. Además, está suponiendo un riesgo para el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo que estas oficinas han generado a través de pequeñas empresas que se encargan de la rehabilitación. Es lógica la preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Fomento retire la financiación".
En este sentido, la senadora del PP ha insistido que los recortes se están produciendo y son mayores cada año: En 2009 la aportación de la Administración Central fue de 2.575.685 euros y en el 2011, pasó a ser 892.450 euros. "Ante estos datos, la amenaza de la retirada total de fondos cada vez adquiere mayor fuerza y por este motivo desde el GPP pedimos que se mantenga", ha asegurado.
Por último, Mª Jesús Sainz ha insistido en que las oficinas de rehabilitación no solo informan sino que, también, gestionan y "desde luego, con estos recortes se crea un gran perjuicio a los ayuntamientos, ya que en el fondo, con esta reducción se está desmantelando el sistema de rehabilitación que, al menos en Galicia, tiene gran interés. Estas oficinas están generando empleo y, como los niveles de paro no dejan de crecer, el Gobierno va a contribuir a aumentar el desempleo al aplicar reducciones en actuaciones que en la actualidad crean trabajo"
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