El Senado aprueba una moción del PP, con el voto contrario del PSOE, para que el Gobierno apoye la Declaración de Caracas

"Una vez más, el PSOE abandona la defensa de los Derechos Humanos por temor a molestar a Chávez"

El Partido Socialista se retrató hoy en el Senado votando en contra de una moción del Partido Popular en la que se pedía a la Cámara Alta respaldo y apoyo a la Declaración de Caracas y en la que se instaba al Gobierno de España a su reconocimiento y apoyo. La iniciativa, pese al voto contrario del PSOE, salió adelante gracias a los votos del Grupo proponente, que encontró el apoyo de los Nacionalistas Vascos. El Gobierno tiene la obligación moral de cumplir el mandato del Senado y el deber legal de informar a la Cámara antes de seis meses sobre cómo va a hacerlo.

 

La citada Declaración, suscrita por 400 líderes y dirigentes de toda la oposición política y social venezolana, así como por parlamentarios nacionales de 11 países iberoamericanos, recoge en 9 puntos la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y, en general, todos los valores que conforman la democracia representativa y el Estado de Derecho.

 

El debate y votación de esta moción tuvo lugar esta mañana en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Según Dionisio García Carnero, portavoz popular en este comité del Senado, "una vez más, el PSOE abandona la defensa de los Derechos Humanos por temor a molestar a Chávez".

 

El senador popular recordó que el texto de Caracas fue firmado por partidos políticos integrados en la Internacional Socialista, y, dentro de ella, por líderes de la izquierda política de reconocido prestigio, como Teodoro Petkoff o Pompeyo Márquez, así como por todos los demócratas, "a los que los socialistas españoles desprecian una vez más".

 

García Carnero lamentó el voto contrario del PSOE y señaló que "pasará Chávez, como pasará Zapatero, pero el daño que sus gobiernos han hecho a las relaciones internacionales tardará mucho en quedar restañado".

 

En su defensa de la moción, el senador del PP recordó que la Declaración de Caracas se suscribió en la capital venezolana los pasados días 14 y 15 de junio de 2010, durante el encuentro denominado "Parlamentarios del mundo por la democracia", que reunió a más de 400 personas que representaban a líderes y dirigentes de todas las fuerzas de la oposición al Gobierno venezolano, encabezados por el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. A dicho encuentro asistieron 17 parlamentarios nacionales de 11 países iberoamericanos distintos y pertenecientes a fuerzas políticas de diferentes ideologías.

 

Como conclusión del evento se hizo pública la denominada Declaración de Caracas, que, además de apostar por la solidaridad con los pueblos iberoamericanos que luchan por la libertad, reconoce como rasgos de la democracia representativa aspectos claves como el de la separación de poderes. Asimismo, se reafirma el respeto a los derechos humanos y se repudian sin ambages conceptos como el militarismo, el populismo, el caudillismo y toda forma autoritaria y dictatorial de Gobierno.

 

En el texto se reclama, entre otras cosas, el cese de la persecución y el maltrato a los presos políticos, exigiendo su inmediata liberación. Asimismo, se apuesta por la pureza de los procesos electorales y por la debida renovación de autoridades.

 

A continuación se reproduce el texto completo de la declaración:

«Nosotros, parlamentarios de diversos países de Iberoamérica reunidos en el encuentro de parlamentarios del mundo por la democracia celebrado en Caracas los días 14 y 15 de junio de 2010, de distintas ideologías y partidos políticos, declaramos:

1. Nuestra absoluta solidaridad con los pueblos de Iberoamérica en sus luchas por la libertad, la igualdad, la prosperidad, el desarrollo.

2. Reconocer a la democracia representativa, fundada en la irrestricta separación de poderes, el único sistema político cónsono con nuestras tradiciones libertarias, nuestros anhelos y nuestras esperanzas y exigimos en consecuencia la plena observancia por parte de los gobiernos de nuestra región a los principios establecidos en la carta democrática de la OEA, de la que todos nuestros gobiernos son firmantes, así como su actuación activa e inexcusable para hacerlos regir, según manda y ordena dicha declaración de principios.

3. Reafirmar el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho a la propiedad -sin restricciones que no se encuentren establecidas en nuestras respectivas constituciones-, el derecho al justo proceso. Y condenamos, por consiguiente, toda violación a dichos derechos, reclamando en donde fueren violadas, su inmediata y plena restitución. En tal sentido hacemos nuestras las declaraciones de la CIDH condenando tales violaciones allí donde se perpetran.

4. Repudiar toda forma de opresión, de imposición, de persecución y muy en particular el terrorismo de estado y las formas violentas de lucha y confrontación política.

5. Reconocer en la vida republicana y civilista la única vía legítima de acción política y de gobierno. Y repudiar, por consiguiente, el militarismo, la autocracia, el populismo, el caudillismo y toda forma autoritaria y dictatorial de gobierno.

6. Promover, en consecuencia, la solución pacífica y consensuada de los conflictos y el respeto irrestricto a la constitución y las leyes como norma a que deben ser remitidos todos los conflictos políticos y sociales que surgieren.

7. Promover la mayor pureza, equidad, transparencia y respeto a los adversarios en los procesos electorales, únicas formas legítimas de renovar las autoridades en todos sus niveles, rechazando en consecuencia, y de la manera más categórica, todo intento por impedir la debida renovación de autoridades para entronizar los cargos de gobierno, cualquiera que ellos fueren, más allá de lo establecido constitucionalmente. La democracia se basa en la permanente renovación de las autoridades. Impedirlo mediante la fuerza o argucias legales constituye el camino seguro hacia la dictadura.

8. Demandar el cese de la persecución y el maltrato a los presos políticos, exigiendo su inmediata liberación, en cualquier país en que tales repudiables sucesos tengan lugar. Demandar el reingreso de Honduras al seno de la OEA y el fin de la dictadura cubana.

9. Respaldar, finalmente, a todas las fuerzas democráticas de nuestros países y muy en particular de los partidos y organizaciones civiles venezolanas en su lucha por impedir la entronización de un régimen dictatorial. Llamamos a la comunidad internacional para que vele y contribuya a la realización del proceso electoral del 26 de septiembre en fiel observancia a las normas internacionales que rigen en el concierto mundial de las naciones.

En Caracas, a 15 días del mes de junio del año 2010.-Diputados Silvana Giudici y Juan Pedro Tunessi (Argentina), Diputados Rubens Bueno y Raúl Jungman (Brasil), Diputado Mauricio Muñoz (Bolivia), Senadores Rodrigo Lara y Enrique Gómez Hurtado (Colombia), Senadores Andrés Allamand y Patricio Walker (Chile), Diputado Fernando Flores (Ecuador), Senadores Dionisio García Carnero y Joan Huguet (España), Diputado Francisco Contreras (Guatemala), Diputado Juan Miguel Ríos (Panamá), Diputado Jaime Trobo (Uruguay), Diputado Aurelio Pastor (Perú).»