El Senado aprueba 16 de las 20 enmiendas del Partido Popular a la ley ómnibus

En opinión del senador del PP por Ceuta, Fernández Cucurull, el Gobierno de Rodríguez Zapatero "ha sufrido un verdadero varapalo" en la tramitación del citado Proyecto de Ley, y ha resaltado que las enmiendas del Grupo Popular recogían las reclamaciones que los distintos colectivos afectados, especialmente los colegios profesionales y el sector del taxi, habían dirigido a todos los grupos parlamentarios.

Según los senadores populares, una de las cuestiones que "ha levantado más polémica" es la relativa a los cambios introducidos en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. "Ha sido una polémica gratuita -ha apuntado- porque es un sector que estaba expresamente excluido de la directiva comunitaria de liberalización de servicios".

Fernández Cucurull ha señalado que para regular el sector del transporte terrestre "lo correcto sería tramitar un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, teniendo en cuenta las inquietudes y los intereses de todos los colectivos afectados, especialmente el del sector del taxi".

Colegios Profesionales

En relación a los colegios profesionales, uno de los sectores inicialmente más perjudicados por la ley ómnibus, el senador del PP por Ceuta ha afirmado que "el texto inicial del Proyecto prácticamente concedía al Gobierno un cheque en blanco para decidir que organizaciones profesionales debían o no sobrevivir".

Fernández Cucurull ha explicado que las enmiendas presentadas por el Grupo Popular inciden en distintas cuestiones que afectan a la regulación de los colegios profesionales, como mantener la colegiación obligatoria hasta que se determine por Ley qué profesiones dejarán de exigirla.

Además, las enmiendas del Grupo Popular inciden en los siguientes temas, muy importantes para el funcionamiento de los colegios profesionales:

• Prever entre las funciones de los códigos deontológicos aprobados por las organizaciones profesionales de ámbito estatal, la posibilidad de exigir que las comunicaciones comerciales de sus colegiados se ajusten a la ley

• Respetar la obligación de comunicación a los Colegios, sin coste para el colegiado, del ejercicio de la profesión en un territorio diferente al de la colegiación

• Incluir en la información que debe publicitarse a través de la ventanilla única el acceso al Registro de Sociedades Profesionales

• Obligación de los colegios territoriales de informar a sus consejos generales o superiores, y en su caso a los autonómicos, las modificaciones que afecten a los registros de colegiados y de sociedades profesionales

• En cuestión de visados, mantener la posibilidad de solicitarlo por petición expresa del colegiado con el consentimiento informado del cliente, y ampliar los criterios que determinarán en la futura ley los casos en que será obligatoria la exigencia del visado

• Eliminar la expresión "u otras entidades" de los posibles convenios de la Administración con los colegios profesionales para contratar servicios de comprobación documental

• En el caso de las sociedades profesionales, volver al requisito de que los socios profesionales sean dueños de, al menos, las tres cuartas partes del capital y derechos de votos, y ocupen el mismo porcentaje de los órganos de dirección (el proyecto los reducía, respectivamente a la mitad y la mayoría)

• Mantener la obligación, en el caso de los Procuradores de los Tribunales, del ejercicio exclusivo en el ámbito territorial de su colegio de pertenencia, sin perjuicio del libre establecimiento y de la gratuidad del cambio de colegiación

• Elevación a rango de ley de la normativa que, en el plazo de doce meses, determinará los casos en que la exigencia del visado será obligatoria

• Orientación de las criterios en que el futuro proyecto de ley se basará para determinar la continuidad de la obligación de colegiación