El pleno del Senado ha aprobado la Ley de Metrología, que actualiza la Ley de 1985 y en opinión de la senadora por Gran Canaria Pepa Luzardo “se trata de una Ley necesaria y oportuna para adaptarla a los nuevos tiempos y compilar en un solo texto legislativo toda la normativa, con el único objetivo de facilitar su comprensión y manejo”.
“El objetivo - ha subrayado - es que los consumidores podamos tener más garantías y seguridad y podamos comprobar con exactitud las mediciones. Esta Ley aportará más certidumbre a las tareas que realizamos día a día”.
Durante su intervención, Luzardo ha indicado que era el momento de actualizar la Ley de Metrología, que a lo largo de estos años ha tenido diferentes modificaciones parciales al texto. Además, ha destacado que a pesar de la gran flexibilidad de la Ley para adaptarse a la normativa europea, permitiendo la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas europeas, “su actualización da mayor responsabilidad a la sociedad civil con un sistema de garantías dado por las grandes sanciones que se imponen a los que incumplen esta norma”.
La senadora canaria ha indicado que la Metrología es una ciencia no muy conocida pero que tiene gran trascendencia en el día a día. “Cuando cogemos un taxi, comprobamos el taxímetro; en el supermercado, pesamos la fruta y la verdura”, ha especificado.
Así, ha explicado que la Metrología es la parte de la Física que estudia las mediciones de las magnitudes garantizando su normalización. Incluye el estudio, el mantenimiento y la aplicación del sistema de pesas y medidas.
La senadora canaria ha indicado que “este texto establece la obligatoriedad de usar el Sistema Internacional de Medidas que van más allá de las tradicionales unidades de medida, ya que incluye no solo su nombre y la definición sino el uso de sus múltiplos y submúltiplos. Todo ello con el objetivo de evitar la comisión de errores en la utilización de las unidades”.
Luzardo ha señalado que una de las novedades que aporta esta Ley es la puesta en marcha del instrumento testigo. “Significa que en un mercado municipal podremos tenerlo a nuestra disposición para comprobar si el pesado que hemos tenido en uno de los puestos del mercado es el peso exacto. Si nos llevamos un kilo de plátanos, podremos verificar en el instrumento del testigo que ese kilo de plátanos es la cantidad exacta”.
La senadora popular ha insistido en que el Grupo Parlamentario Popular tiene claro la necesidad de adecuar este texto a la Ley de Unidad de Mercado para evitar que los organismos tengan que obtener 17 certificados, uno por cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, ha subrayado que no existen problemas de competencias con las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional ya deja claro que corresponde a las CC.AA. la competencia ejecutiva en la aplicación de la Ley de Metrología. “No existe, por tanto, - ha remarcado - invasión de competencias sino colaboración”.
Las enmiendas van en contra de la unidad de mercado
Durante el turno de enmiendas, la senadora por Murcia, Mª José Nicolás, ha rechazado la incorporación de enmiendas porque “no mejoran el texto, están en contra del principio de unidad de mercado, proponen una virtual desaparición del control metrológico por parte del Estado y no están en línea con las directivas de la Unión Europea”.
Nicolás ha reprochado al Grupo Socialista que se haya opuesto a una Ley cuyo objetivo es incorporar las modificaciones que se han producido en la legislación europea y actualizarla. Así, le ha recriminado que durante los ocho años que gobernaron no se preocuparan de su actualización “porque su preocupación era evitar la intervención de la economía de este país más que en cumplir su obligación como legisladores y actualizar una ley fundamental para la defensa de los consumidores y usuarios”.
Por último, la senadora murciana ha subrayado que la Ley de Metrología garantiza el proceso de medida para que se realice con plenas garantías para los ciudadanos, ya sea en productos envasados, al echar gasolina al coche o una medición de carácter medioambiental.
Así, ha defendido la unidad de mercado y ha afirmado que los ciudadanos deben de tener los mismos derechos y garantías independientemente del lugar donde residan y “el Gobierno tiene que garantizar que se cumple la normativa vigente en las verificaciones de surtidores de gasolina, de balanzas y básculas, de contadores de agua, de luz o taxímetro”.