Seguridad e Interior

Firmado el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo en Febrero de 2015 entre el Gobierno del Partido Popular y el líder de la oposición.

Se acotan los casos en los que será delito el denominado adoctrinamiento pasivo, condicionándolo a que la consulta de páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de integrarse en una banda terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines.

Incluye:

• la regulación de la figura del lobo solitario
• la penalización de la financiación del terrorismo
• la penalización de la difusión en Internet de contenidos terroristas o que inciten a cometer actos terroristas
• la visita de webs de contenido yihadista

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

El Gobierno del Partido Popular hace de la Seguridad Nacional una Política de Estado.

Ningún país es inmune a los zarpazos del terror. Por esta razón la primera obligación de un gobierno responsable es extremar la protección de sus ciudadanos frente a todo tipo de riesgos y amenazas.

La Seguridad Nacional es una Política de Estado, por eso este Gobierno ha buscado:

• imprimir una visión estratégica a nuestra seguridad;
• crear una estructura orgánica operativa;
• hacer un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la acción del Gobierno frente al Parlamento y los ciudadanos;
• aprobar la primera ley de seguridad nacional de la democracia.

El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano supremo de la Seguridad Nacional, aprobado en esta legislatura como uno de los instrumentos políticos, legislativos y operativos más avanzados del mundo en materia de seguridad.

Su objetivo es dar respuesta de forma efectiva e integral a los diferentes riesgos y amenazas que nos afectan: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje, emergencias y catástrofes, flujos migratorios irregulares, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales, entre otros.

EQUIPARACIÓN SALARIAL DE POLICIAS Y GUARDIAS CIVILES 

El Ministerio de Interior ha ofrecido un equiparación completa, total e integral entre Policía Nacional y Guardia Civil con Mossos d'Esquadra, respondiendo así a la reivindicación histórica de los sindicatos policiales y asociaciones de la benemérita.

Una propuesta de equiparación para los próximos tres años, ya desde este mismo 2018, los agentes de Policia Nacional y Guardia Civil irán percibiendo una subida salarial de tal manera que en 2020 ambos ganarán lo mismo que su homólogo de la policía autonómica catalana.

El Gobierno ha dado respuesta a la exigencia de hasta 1.500 millones en los próximos tres ejercicios presupuestarios demandada tanto por los sindicatos de la policía como por las asociaciones de la Guardia Civil.

El Ministerio de Interior quiere que esa equiparación sea total y se extienda también a los derechos laborales. 

 ESTATUTO DE LA VÍCTIMA

Aprobado el Estatuto de la Víctima.

Nos mantenemos firmes en nuestra posición: no hay otro camino para ETA que pagar por sus crímenes, entregar las armas, disolverse y pedir perdón a las víctimas.

Se va a estudiar la posibilidad legal de fijar, precisamente, como un requisito para la percepción de ayudas, la satisfacción de la responsabilidad civil para los delitos graves como el de terrorismo.

El Gobierno trabaja por el cumplimiento íntegro de las penas, especialmente en delitos de terrorismo.

Por primera vez, se define el concepto de seguridad según el Convenio de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.

La reforma garantiza el ejercicio de derechos básicos, como el de reunión, aislando a los grupos violentos que lo vulneran.

Se limitan y definen mejor la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Entró en vigor el 1 de julio de 2015:

- Mejor regulación de la labor de la seguridad pública en beneficio de todos con una actividad subordinada y complementaria.

- Mayor profesionalización y especialización de las empresas y del personal de la seguridad privada.

- Persigue el intrusismo profesional y ofrece mayores oportunidades para la contratación y el empleo en este ámbito.

- Se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más y mejores herramientas para supervisar y controlar a las empresas de seguridad.

- Se regulan las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana. 

- Se protege a vigilantes y guardas rurales otorgándoles una mayor condición jurídica ya que podrán auxiliarán a los agentes policiales como colaboradores en los controles de acceso de aeropuertos, los centros de internamiento o las cárceles.

- Mayor presencia en las calles porque se aprovecharán los recursos del potencial de la seguridad privada.

- La intervención en los espacios públicos corresponde a las FCSE y la detención practicada por un vigilante será la misma que puede desarrollar cualquier ciudadano en la vía pública.

- Se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana.

- Se crea un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los infractores.

- Se exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor los autores de las conductas tipificadas como infracciones.

- Asimismo cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho y permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de modo voluntario y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche jurídico.

PROTOCOLO DE LOS DELITOS DE ODIO

El Gobierno pone en marcha el primer protocolo de actuación policial para erradicar la discriminación y la violencia por delitos de odio en España.

Este protocolo dota por primera vez a los cuerpos policiales de una herramienta de identificación y homogeneización del procedimiento policial. 

Hasta este momento se partía de una situación de total desconocimiento de las tipologías penales y administrativas relacionadas con los delitos de odio que ni siquiera estaban identificados.

• Revisa el conjunto de conductas que vulneran el ordenamiento penal y administrativo e incluye unos indicadores de polarización que recogen los indicios que deben ser debidamente recopilados e incorporados al atestado policial con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad, que permitan formular cargos de imputación y, en su caso, condenas.
• Apoyo a las víctimas de los delitos de odio en la web del Ministerio del Interior, incluye información básica sobre lo que es un delito de odio, por qué hay que denunciarlo y consejos.