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Del caos…
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… a la coherencia
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Ausencia de información ambiental respecto a las propiedades de terrenos ubicados en espacios naturales protegidos, lo que origina notables perjuicios.
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La información ambiental, que afecte a determinados espacios protegidos, deberá incorporarse al sistema de información geográfica de la finca registral y tendrá su reflejo en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario.
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En una misma hectárea de terreno se solapan regímenes y normas reguladoras diferentes y, a menudo, descoordinadas que dificultan la correcta gestión de esos espacios protegidos.
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Integración en un único documento de las actividades que pueden desarrollarse en un mismo espacio, cuando existan distintas figuras de protección, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables, en función de cada categoría, conformen un todo coherente.
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Ausencia de cualquier tipo de incentivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad.
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Se prevén incentivos positivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad y la promoción de medidas fiscales e incentivos económicos para la realización de iniciativas privadas de conservación de la naturaleza.
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Se prohíbe, de forma genérica, la introducción de especies alóctonas y se prevé evaluar la conveniencia de reintroducir taxones extinguidos, sin una regulación concreta.
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Se regula la introducción de las especies autóctonas desaparecidas en España, para que se ejecute con todas las garantías, y se concretan la condiciones de importación o introducción de especies alóctonas.
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Ausencia de incentivos a la actividad económica en los espacios naturales protegidos. La declaración de un espacio natural como protegido conlleva solamente limitaciones, prohibiciones e impedimentos.
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Apoyo a las actividades socioeconómicas coherentes con la conservación de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y la creación de empleo en el mundo rural.
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Existe una Red de Bancos de Material Biológico y Genético, pero no los procedimientos de intercambio de información y los mecanismos de coordinación entre todos los implicados.
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Se contempla la elaboración de unas directrices para impulsar el trabajo coordinado entre los Bancos de Material Genético y Biológico y las Administraciones públicas.
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Las competencias de la Administración General del Estado, sobre biodiversidad marina, se limitaban a no entrar en conflicto con lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades autónomas del litoral.
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Se precisan las competencias de la Administración General del Estado, en especial en lo relativo a la gestión del medio marino, la conservación de la biodiversidad marina y la prevención y lucha contra la contaminación en aguas marinas.
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La Ley 42/2007, pese a las declaraciones de Zapatero de que el cambio climático era el mayor problema al que se enfrentaba el mundo, no contemplaba las afecciones del cambio climático sobre la biodiversidad.
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Se incorporan medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático para minimizar los riesgos e impactos sobre la biodiversidad.
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