Sáenz de Santamaría plantea reforzar el control de las subvenciones públicas

Durante su intervención en la presentación del libro Derecho de las Subvenciones y Ayudas Públicas, coordinado por Mario Garcés Sanagustín y Alberto Palomar Olmeda, la dirigente popular recordó que la actual regulación de las ayudas públicas, aprobada en 2003, ya supuso una transformación radical en la caracterización de las subvenciones públicas en España, aunque insistió en que dicho marco normativo admite y demanda mayores avances en lo que se refiere al refuerzo del control, transparencia y objetividad.

Tras invitar a la reflexión sobre el refuerzo de la Ley General de Subvenciones, la portavoz reclamó también una mayor eficiencia del gasto en las citadas subvenciones abogando, en este sentido, por una planificación adecuada de dichas ayudas así como una medición de impacto de los objetivos que persiguen alcanzar.

Para ello, remarcó que es fundamental que las políticas subvencionales estén estrechamente vinculadas al logro de sus fines, porque de lo contrario se desvanece el carácter de estímulo que les da sentido y porque aquellas que no responden a sus objetivos específicos se traducen de forma inmediata en despilfarro económico.

A este respecto, señaló que resulta "muy interesante" la aplicación de programas de trazabilidad sobre subvenciones y ayudas públicas desde su concesión hasta que se alcanza el fin perseguido o se culmina el proyecto. Así, recordó la reciente propuesta del PP para la aplicación de estos programas de trazabilidad a las subvenciones otorgadas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo por parte de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para establecer de este modo un procedimiento público de seguimiento de los proyectos, programas y convenios de dicho organismo.

A esta eficiencia del gasto contribuiría además, remarcó Sáenz de Santamaría, el replanteamiento de la operatividad de dichas subvenciones y ayudas así como la valoración acerca de las fórmulas más adecuadas para instrumentar la acción de fomento de las Administraciones Públicas en cada caso.

Apuntó así la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de convertir algunas de las disposiciones dinerarias en otros instrumentos como las desgravaciones fiscales, igualmente efectivos en el incentivo de actividades de utilidad pública o interés social.

En el marco de dicha reflexión, encuadró iniciativas como la propuesta del PP de revisar la regulación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo porque, subrayó, "los impuestos no son un mero instrumento recaudatorio sino una herramienta fundamental a la hora de definir prioridades políticas e impulsar objetivos económicos y avanzar en las ventajas sociales".

Disciplina,contención y control del gasto público

En su intervención en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, la portavoz popular llamó a la disciplina, la contención y el control del gasto público como fórmula para equilibrar la escasez de recursos con la necesidad de incentivar la actividad económica y garantizar la cobertura social en una crisis como la actual y evitar así que la acción de fomento de los poderes públicos se traslade a un déficit excesivo que genere mayores trabas a la recuperación.

En este sentido, destacó cómo el saldo de las cuentas de las Administraciones Públicas ha registrado el deterioro más brusco de la historia reciente de la Hacienda Española y el más intenso en comparación con el resto de principales potencias económicas. Así, señaló cómo en tan sólo dos años, entre 2007 y 2009, el saldo del conjunto de las Administraciones Públicas pasó de un superávit del 1,9% del PIB a un déficit del 11,13%, del cual más del 9% correspondió a la Administración General del Estado.

Además, señaló la necesidad de volver a convertir en una exigencia legal la austeridad de todas nuestras administraciones con la reforma de la Ley de Estabilidad para establecer techos de gasto y endeudamiento, que vinculen a dichas administraciones.

Finalmente, planteó una profunda reforma del entramado administrativo que debe comenzar con una Estrategia de Austeridad de las Administraciones Públicas como la propuesta por su partido en el Congreso a fin de construir una Administración al servicio del ciudadano, y no a costa del mismo. Y junto a esa disciplina y contención que resultan pasos esenciales en la reducción del gasto público señaló también la necesidad de gastar mejor.