El portavoz de Justicia del GPP avala una reforma que amplía la lista de delitos susceptibles de ser perseguidos y delimita los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar.
El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, defendió hoy la iniciativa presentada por el PP para regular el principio de Justicia Universal recalcando que la modificación proyectada "ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de los Tribunales españoles y tampoco crea espacios de impunidad para nadie sino que, muy al contrario, permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados, de manera más efectiva y eficaz que antes".
Durante el debate en el Pleno de la Proposición de Ley presentada por el PP, Castillo Calvín explicó que "la finalidad que inspira la reforma es doble: por un lado, ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española" y, por otro, "delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad internacional y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía".
Con ello, explicó el diputado popular, se da cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado. Al hilo de este debate, Castillo Calvín quiso recordar que "la jurisdicción universal no es ilimitada, sino que debe concebirse desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional" recordando, a su vez, que "cada Estado ejerce su jurisdicción, sin lugar a dudas, dentro de los límites de su soberanía territorial" y que "tampoco puede cuestionarse la posibilidad de extender la jurisdicción más allá de los límites territoriales cuando se trata de intereses que son titularidad del Estado o de delitos cometidos por españoles".
A partir de estas premisas, defendió una reforma que pretende que la Justicia Universal "no quede en una mera declaración de principios". "Si queremos superar un sistema que se limita a promover una especie de Justicia quijotesca que buscando remediar las injusticias no consigue resultado alguno, estaremos obligados a mejorar nuestra regulación para garantizar que la teoría y la práctica sean realmente efectivas", apostilló, "ya que no podemos seguir creando falsas expectativas ante víctimas de atrocidades que piensan que por el hecho de ponerse en marcha la maquinaria de la Justicia van a poder obtener una tutela eficaz".
Se garantiza la persecución de delitos en el exterior
Castillo Calvín negó las insinuaciones que se han venido lanzado y que vinculaban haber elegido la fórmula de una Proposición de Ley para desarrollar esta reforma con un hurto intencionado de los informes preceptivos, al tiempo que quiso dejar muy claro que la reforma garantizará que "los Tribunales españoles sí puedan perseguir aquellos hechos delictivos cuando el Estado extranjero no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda hacerlo realmente, y así se valore por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
El diputado popular también aclaró que la reforma, que "busca garantizar el principio de subsidiariedad de la forma más clara y precisa", excluye el proceso penal en España cuando los hechos delictivos a los que se refiere el artículo 23 apartado cuarto están siendo conocidos por un Tribunal Internacional; cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos; o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que no se encontrara en territorio español o se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición.
Dejado muy claro que la reforma garantiza la persecución y enjuiciamiento en España de delitos cometidos fuera así como de un mayor número de delitos, Castillo Calvín recalcó que la exigencia de interponer una querella, por requisitos de procedibilidad -imponiendo el deber de ejercitar la acción penal al Ministerio Fiscal sin privar a la víctima de ello si así lo desea-, "no implicará limitación en el acceso a la jurisdicción, pues no existen restricciones de oportunidad aplicables a la actuación del Fiscal".
Delitos sexuales, contra la mujer y por trata
En su intervención, Castillo Calvín hizo un repaso pormenorizado de la ampliación del número de delitos que podrán perseguirse dentro del ámbito de la jurisdicción universal. De entre todos ellos, destacó los que se cometen contra la libertad e identidad sexual de los menores de edad y que, con la reforma propuesta, "ahora podrán ser perseguidos y condenados por los tribunales españoles, algo que no ocurre en la actualidad".
También habló de la ampliación de la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos relativos a la violencia contra la mujer así como la referencia expresa que se hace a la persecución de la trata de seres humanos y que viene a resolver "un vacío legal".
Para finalizar, Castillo Calvín apeló a "quitar la carga de agresividad al lenguaje y abandonar los discursos antiguos cargados de demagogia, prejuicios y falsos tópicos", reprochando asimismo al PSOE que ahora utilice los mismos argumentos contra el Gobierno "que anteriormente se dirigieron contra ustedes -como ocurrió en la anterior reforma de 2009 que pactaron PP y PSOE-".
También hizo ver a los socialistas, dadas sus críticas por la fórmula empleada para abordar esta reforma a través de una Proposición de Ley, cómo se gestó la anterior reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -un Proyecto de Ley que ni se aprobó en Consejo de Ministros ni fue remitido a las Cortes-, y les recordó que durante la etapa de Zapatero el PSOE llegó a presentar 13 Proposiciones de Ley "empleando un procedimiento que hoy les parece tan escandaloso".