El Gobierno socialista dejó el sistema sanitario con una deuda insostenible de 16.000 millones de euros.
Sólo en los dos últimos años de gobierno del PSOE la deuda se incrementó en un 173% y una sola comunidad tenía 700.000 facturas sin pagar. Con el modelo farmacéutico del PSOE se destruían cada año 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque habían caducado o no se habían usado.
Las medidas del Gobierno han conseguido que en solo tres meses se hayan ahorrado más de 600 millones de euros en gasto farmacéutico.
En septiembre le gasto farmacéutico se redujo el 25,45% respecto al mismo mes del año pasado. Es el tercer mes consecutivo en el que la factura farmacéutica experimenta un descenso superior al 20%.
En los tres primeros meses de aplicación de las nuevas medidas de farmacia, el ahorro ha sido superior a los 636 millones de euros. El ahorro total en farmacia en lo que va de año asciende a 892 millones de euros.
El fomento de medicamentos genéricos y la revisión de precios ha reducido el gasto medio por receta un 6%.
Una de las medidas previstas en la reforma fue ajustar por primera vez los envases de los medicamentos a la duración del tratamiento para frenar el despilfarro y hacer un uso racional de los mismos.
Sólo con esta medida, que ya se aplica en países europeos y en Estados Unidos, el ahorro previsto por el Gobierno es de 300 millones de euros. Para reducir el precio, el Gobierno ha impulsado el uso de genéricos, que han vuelto a crecer tras el retroceso de 2011.
La primera medida del Gobierno ha sido garantizar el suministro de medicamentos pagando las facturas pendientes con los proveedores.
Se han pagado 12.110 millones que se debían a los proveedores. Con esta medida se ha garantizado el suministro y la viabilidad de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo.
Se ha revisado la participación en el pago de los medicamentos para garantizar el acceso gratuito a los que más lo necesitan.
Los que tienen más pagan un poco más por los medicamentos para que los que menos tienen no paguen nada o muy poco. No pagan nada los que que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación por desempleo y los que reciben una renta de inserción.
Los jubilados deben pagar el 10% del valor del medicamento, con un tope de ocho euros mensuales según la pensión. Para los trabajadores, se han establecido tres tramos en función de la renta.
La prioridad del Gobierno es que la sanidad pública y el acceso a los medicamentos queden completamente protegidos a pesar de la crisis.