"Supone un paso hacia delante por parte del Gobierno, pues permitirá ofrecer respuestas más eficaces a las nuevas formas de criminalidad y castigar conductas que hasta ahora quedaban impunes".
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, afirmó hoy que "la necesidad de fortalecer la confianza en la Justicia, hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales que sean percibidas por la sociedad como justas" para lo que el Gobierno ha aprobado la reforma del Código Penal.
Con esta finalidad, añadió, "la reforma aprobada por el Consejo de Ministros lleva a cabo una profunda revisión del sistema de consecuencias penales que responde a un estudio minucioso de las carencias y necesidades del Código actual, realizado por una comisión de expertos en Derecho Penal; además, incluye las sugerencias realizadas por los órganos consultivos a cuyo estudio fue sometido, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado".
El portavoz de Justicia del GPP señaló que "sobre la base de este estudio, el Ministerio de Justicia propone reformar aquellas medidas penales que han demostrado ser poco efectivas, e incluir otras que den respuesta a nuevos hechos delictivos".
Tarea obligada
En este sentido, Castillo Calvín destacó que "era una tarea obligada adaptar el ordenamiento jurídico español a los compromisos adquiridos por la aprobación de Decisiones Marco o cualquier otro instrumento comunitario, con el fin de combatir el creciente problema de la delincuencia organizada o la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, así como aquellas que permitirán prevenir los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, la pornografía infantil, y la trata de seres humanos".
Para el portavoz popular, entre las principales novedades del texto, destacó la figura de la "prisión permanente revisable" en supuestos de excepcional gravedad. También profundiza en la imposición de medidas de seguridad que inició la Ley Orgánica 5/2010 con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo.
Así, por primera vez se establece un sistema que, por un lado castiga el hecho cometido, pero que además permitirá adoptar una medida de seguridad que proteja a la sociedad de la peligrosidad del sujeto. "Y será delito cualquier acto sexual con menores de dieciséis años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez, y se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero", aseveró.
Trato a la víctima del delito
Castillo Calvín aseguró que "la reforma del Código Penal incide, además, de manera especial, en la mejora del trato dispensado a la víctima del delito y en la protección de sus intereses". "Si en la actualidad existe en la opinión pública un convencimiento muy extendido de que al delincuente le resulta sencillo burlar su obligación de indemnizar, el Código presenta nuevas y más eficaces medidas para evitarlo", destacó.
Asimismo, explicó que la reforma también ahonda en la protección de la mujer mediante la introducción de nuevas figuras delictivas, como el delito de matrimonio forzado, el de acoso u hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, y la alteración de los dispositivos telemáticos para controlar medidas cautelares.
El portavoz popular también señaló que "para mejorar la eficacia y agilidad de la justicia penal, se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de penas, fijando un sistema único que impida la duplicidad de actuaciones".