La reforma de la Administración Local "hace que los ayuntamientos puedan desarrollar las políticas sociales"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Merino, afirmó hoy que la Ley de reforma de la Administración Local "garantiza la viabilidad de los ayuntamientos y hace que éstos puedan desarrollar las políticas sociales".

Así, en declaraciones a los medios en el Congreso, Merino ofreció "diálogo permanente y constante durante toda la tramitación de la norma" a todos los grupos de la oposición, y confió en que éstos "sean capaces de presentar propuestas que mejoren el Proyecto que ha remitido el Gobierno".

"Confiamos en que el PSOE abandone ese espíritu de irresponsabilidad que parece que impregna en todos los proyectos de ley que presenta el Gobierno, que sea capaz de reflexionar, de apostar decididamente por los ayuntamientos y de aportar alguna propuesta que mejore la planteada por el Ejecutivo", subrayó.

Según destacó el portavoz del PP, la Ley "lleva a cabo las afirmaciones de cuáles son las competencias que tienen los ayuntamientos y cuáles son las de las Comunidades Autónomas, garantiza que éstas van a pagar a los ayuntamientos aquellas competencias que organizan y, en definitiva, viene a ordenar un sector público tan importante".

"Ganarse la legitimidad" 
En respuesta a las declaraciones de dirigentes socialistas criticando la Ley de reforma de la Administración Local, Rafael Merino consideró: "qué difícil es ganarse la legitimidad política para criticar un Proyecto de Ley cuando uno ha sido secretario de Estado de Administraciones Públicas y responsable de los ayuntamientos y no fue capaz de hacer nada, como es el caso de Gaspar Zarrías y de Manuel Chaves", subrayó.

En este sentido, recordó que "el PSOE gobernó ocho años España y no hizo nada por los ayuntamientos, sólo llevarles a la ruina".

Afirmó que los socialistas hacían Presupuestos Generales del Estado "donde se planteaban liquidaciones que luego obligaban a los ayuntamientos a devolver, no pagar y generar unos planes que lo único que contenían era un derroche de dinero a cargo de la deuda pública que ha perjudicado al conjunto de la sociedad española".

Para el portavoz popular, además "pusieron en grave riesgo y peligro las políticas sociales que realizan los ayuntamientos". "La comparecencia de Zarrías en nombre del Grupo Socialista ha sido más de lo mismo, meter miedo, decir que van a cambiar todo cuando el PP deje de tener mayoría absoluta, pero no aportar ni una sola idea y ni una sola propuesta", lamentó.

Planteamiento de la ley 
Asimismo, el portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Popular, Juan José Matarí, remarcó que "el PSOE sigue diciendo hoy lo mismo que decía hace un año cuando, sin embargo, el Proyecto de Ley ha cambiado mucho en este tiempo". "Una táctica -señaló- que se debe a que los socialistas han abandonado el diálogo porque quieren hacer de este tema un asunto de confrontación".

Según explicó Matarí, se trata de una reforma que "clarifica las competencias de los ayuntamientos para que éstos hagan lo que tengan que hacer y para garantizar los servicios públicos". De esta forma, el diputado del PP concluyó que se va a conseguir "una gestión pública más transparente, más barata y más eficiente".

Respecto al contenido del Proyecto de Ley, el dirigente del PP destacó que "el dictamen del Consejo de Estado asegura que se trata de una reforma plenamente constitucional y respeta la autonomía municipal".

Caso ERES
Preguntado Rafael Merino por las últimas decisiones judiciales en el caso de los EREs, el portavoz adjunto del Grupo Popular aseguró que "nos encontramos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España", por lo que instó al PSOE y a Rubalcaba a "dar explicaciones al respecto".

Así, criticó la "doble vara de medir" de los socialistas, que mientras exigen explicaciones y reclaman dimisiones por otras cuestiones, no dan explicaciones por este asunto.

Según el portavoz del PP, "el PSOE se dedica a intentar boicotear la instrucción insultando a la juez Alaya para presionarla". Además, señaló que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo en su discurso de investidura que quería luchar contra la corrupción, "pero todavía no ha tomado ninguna decisión tras las últimas medidas judiciales".

Por último, recordó que "el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró que este caso era un asunto de tres o cuatro golfos, pero ya van más de 160 imputados, de los cuales 40 son altos cargos y ex consejeros de la Junta de Andalucía".