Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación del Sector Público

Además, ha añadido que el recurso quiere proteger los derechos de los funcionarios, garantizar el principio de igualdad así como los de mérito y capacidad en el acceso a las tareas públicas.

Por su parte, Antonio Sanz ha afirmado que esta Ley supone una nueva agresión y un nuevo atentado ante los derechos de los funcionarios públicos andaluces y ante el intento de escapar del control del derecho administrativo que, a través de una "administración paralela" creada por la Junta, pretende que potestades públicas que corresponden exclusivamente al ejercicio de los funcionarios públicos sean ejercidas por personal ajeno.

El secretario los populares andaluces ha declarado que la ley crea una situación de inseguridad jurídica al "abrir la puerta" al ejercicio del derecho privado y ha indicado que la "administración paralela" que existe en Andalucía es "mucho más costosa", al mismo tiempo que añadió que no sólo se incumplen los principios constitucionales sino también el Estatuto del Empleado Público y el Estatuto de Autonomía andaluz.

La Ley Incumple el Estauto Básico del Empleado Público
Asimismo, ha considerado que esta ley incumple lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 103.3 de la Constitución Española al equiparar a los funcionarios con el personal laboral y el externo procedente del sector público no aplicando el régimen funcionarial de manera preferente y obviando para su acceso los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Finalmente, Sanz ha asegurado que la integración del personal en las agencias, que tiende a dar preferencia al personal laboral sobre el funcionario público, entra en colisión con los artículo 14 y 23.3 de la Constitución Española.