El PSOE y el BNG han impedido hoy que el Congreso tomase en consideración una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular tendente a la regularización de la flota pesquera artesanal, lo que ha cerrado la puerta a una salida para las cerca de 2.000 embarcaciones que a partir del mes de octubre se verán obligadas a amarrar y dejar de faenar por encontrarse en situación irregular
El portavoz de Pesca del PP, Joaquín García Díez, denunció hoy que la rigidez del artículo 9 de la Ley 9/2007 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, "se ha convertido en un problema en lugar de una solución para el sector", y lamentó la tozudez del Gobierno "por no haber aceptado en su momento, cuando se debatió la Ley, las enmiendas del Grupo Popular".
García Díez subrayó que no sólo el PP, sino también la Comisión Europea, ha visto la necesidad de que la reforma de la Política Pesquera Común alcance a esta flota promoviendo una discriminación positiva, por lo que entiende que era más que necesario reformar la ley.
Los populares han planteado hoy en el Pleno del Congreso que la nueva ley incluya tres cuestiones esenciales:
- Que en las embarcaciones menores de 15 metros que como consecuencia de la regularización resulten con modificaciones de su arqueo y/o potencia, sus propietarios no tengan que aportar bajas por la diferencia de tonelaje y/o potencia.
- Para las embarcaciones mayores de 15 metros que igualmente presenten modificaciones de su arqueo y potencia, que una baja pudiera aplicarse para varias embarcaciones sin tener en cuenta su censo y modalidad de pesca.
- Que el proceso de regularización se efectúe sin discriminación para las embarcaciones que hayan realizado anteriormente otra regularización.
Según García Díez, "el mejor apoyo que le podemos dar hoy a los propietarios de la flota artesanal es no obligarles a tener que comprar bajas para regularizar su embarcación, tanto por el coste que tiene como por la dificultad de disponer de ellas".
El portavoz popular de Pesca defiende que no hay agravio comparativo respecto al propietario que haya comprado bajas para regularizar su embarcación. "Aquel que lo haya hecho tendrá reconocida su embarcación con el tonelaje y potencia resultante y podrá obtener ayudas como puede ser por paradas temporales o presentar su embarcación para el desguace recibiendo el importe íntegro por el tonelaje reconocido".
El PP entiende que lo establecido en la Ley 9/2007 es de imposible cumplimiento. "¿Dónde hay bajas para que las puedan comprar si todos los que tienen esta situación decidieran regularizar su embarcación comprando el tonelaje y/o potencia que necesitaran? ¿Y el coste al que se somete a un pescador está justificado?. Tengo que decirles a mi entender que no está justificado, ni existen esas bajas", señaló García Díez.
España con los márgenes que tiene, entre su nivel de referencia y la flota real, que alcanza a 26.778 toneladas y 90.798 kilovatios, podría incorporar esta flota al Censo Operativo de la Flota Pesquera con aceptación de la UE, a lo que hay que añadir la fuerte reducción realizada por España en la última década que ha sido en torno a 100.000 toneladas (GT) y 300.000 CV, por lo que el PP afirma que no es mucho pedir unos cientos de caballos y toneladas para nuestra flota artesanal, que en parte se pueden justificar ante la UE por razones de seguridad.
García Díez recordó que lo que otros países europeos han hecho ha sido aumentar su flota, por lo que subrayó que pedir que las embarcaciones mayores de 15 metros que presenten modificaciones de su arqueo y potencia puedan aplicar la baja para varias embarcaciones sin tener en cuenta su censo y modalidad de pesca estaría plenamente justificado.
Para el portavoz popular la actitud del BNG en el Congreso, no sumándose a resolver este problema, que afecta a un 80% de la flota irregular con puertos base en Galicia, se corresponde con una conducta de sumisión al Partido Socialista practicando constantemente mercadeos con sus votos, y dejando para el último termino la defensa real de los interese del flota pesquera gallega.
Finalmente, García Díez reprocho al portavoz socialista, el gallego Ceferino Díaz, que acusara al PP de crear alarmismo con esta propuesta. "Vaya usted en octubre a los puertos de Galicia y explíqueles en ese momento a los marineros en amarre forzoso que en abril cuando se estaba a tiempo de encontrar soluciones el PP era alarmista", le dijo el portavoz de pesca Joaquín García.