Propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas. Un plan para la recuperación de la economía de España

Con este propósito, y con la colaboración altruista de decenas de expertos, ofrecemos a la sociedad española estas medidas

Pacto energético
Pacto energético

El principal objetivo de la política en un momento de grave crisis como la actual debe ser la recuperación social y económica de nuestro país. Y eso exige luchar decididamente contra la inflación. 

Por ello, presentamos este plan, al igual que el pasado mes de abril remitimos un Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España para paliar la situación actual. Estos no han sido los únicos, a su vez, hemos presentado un pacto en materia de Defensa y otro en materia de Justicia para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España.

Somos conscientes de la dificultad de la aplicación de algunas de las medidas recogidas en este documento, de la imposibilidad de la aplicación de todas simultáneamente motivo por el que el documento recoge distintas opciones, pero creemos humildemente que hemos recopilado el conjunto de medidas que deben ser objeto de análisis y cuya aplicación, intensidad o determinación deben ser objeto de este profundo debate.

1.   PROPUESTA PARA UNA EVALUACIÓN Y EL CONTROL INDEPENDIENTE DE LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS: AIREF ENERGÉTICA

1.1.- La creación de una “AIREF Energética”.


Podría ser una sección dentro de la propia AIREF, si sus estatutos lo permiten o vía ley. Sea cual sea la fórmula, la “AIREF Energética” debe ocuparse de la evaluación independiente de las medidas adoptadas, así como de elaborar propuestas para su mejora (con el modelo de las revisiones de gastos). En ningún caso se prevé que sustituya las competencias propias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), del Consejo de Seguridad Nuclear, Red Eléctrica Española (REE) o de órganos equivalentes.

La “AIREF Energética” permitirá sacar la energía del debate sin datos para centrarnos en mejorar la eficiencia del sistema, recuperar la economía y fortalecer el empleo, impulsando el horizonte de transición energética.

La “AIREF Energética” tendría una tarea añadida, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto en los últimos años: cualquier proyecto de calado debería contar con un informe de viabilidad económica, previo a su puesta en marcha

2.   PROPUESTAS DE NUEVAS FÓRMULAS DE FIJACIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

2.1.- Tope de precio a las tecnologías inframarginales (renovables, nuclear y parte de la hidráulica) como medida excepcional para circunstancias excepcionales como la actual:

Esto se financiaría con los ingresos adicionales derivados de esta diferencia entre el tope determinado y el precio del mercado eléctrico. Y en esta medida se deberá tener muy en cuenta seguir favoreciendo y apoyando las inversiones.

Esta es la propuesta en la que está trabajando la Comisión Europea (Non-paper on Emergency Electricity Market Interventions) y que tiene muchas ventajas sobre la excepción ibérica: no aumenta el consumo de gas al reducir artificialmente su coste, ni se produce ninguna filtración de transferencia de valor de los consumidores españoles para pagar la factura de los franceses o portugueses vía interconexiones.

2.2.- PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) vinculado a plazo más amplio:

Se propone como una alternativa la ampliación de la capacidad de elección de los consumidores que se acojan al contrato regulado, de forma que pueda optar por un precio variable determinado por el mercado “spot” como hasta ahora, o por otro sistema ofrezca un aseguramiento determinado por el precio a distintos plazos en los mercados de futuros a varios años. Así, el consumidor podrá elegir entre un precio medio más barato pero sometido a la volatilidad y riesgo del mercado, en el primer caso, o un precio mucho más estable que incorpora el coste de asegurarlo.

2.3.- La excepción ibérica:

La excepción ibérica, medida implementada por el Gobierno, no solo parece que no ha contenido los precios, sino que, además ha agravado nuestra dependencia del gas. Algunos expertos consideran que quizá sea pronto para realizar una valoración definitiva, pero los datos que exponemos a continuación nos hacen pensar que no era la decisión más acertada para la profunda crisis energética y que la respuesta no debiera ser aislada y única, sino quizá como defendíamos desde un principio, una decisión coordinada a nivel europeo.

Desde su entrada en vigor, el precio mayorista de la electricidad ha subido un 41%, hasta los 301€/Mwh. Y, además, la compensación por la diferencia entre el precio real del gas y el precio limitado por el Gobierno la están pagando todos los consumidores que tienen sus contratos con precios variables (y aquellos que renuevan sus contratos a precio fijo) en sus facturas.

Primero, los acogidos al contrato regulado por el PVPC. A ellos se sumarán progresivamente todos aquellos consumidores acogidos a tarifa en el mercado libre en el momento en el que deban renovar sus contratos.

Una cantidad en absoluto menor, puesto que el coste del Kwh para financiar el tope es variable (en julio fue de 0,13 €/Kwh, correspondiente a una compensación media de 130 €/Mwh, pero que depende del coste de generación, cada vez mayor debido a que cada vez se demanda más gas), resultando en un coste por el tope que puede alcanzar, a los precios actuales, entre el 30% y el 40% del consumo en los precios de los contratos regulados, e incluso el 60% del consumo en los precios del mercado libre.

En relación a la demanda del gas, desde que entró en vigor el tope del gas hemos visto como el consumo de hogares y empresas (demanda convencional) ha caído un 30%, si bien la demanda de gas para generar electricidad ha subido un 123%. Esto es debido a los indeseados efectos, entre otros, del tope del gas sobre la cogeneración, a los flujos internacionales de energía y a las decisiones de renuncia otras fuentes de energía.

Los últimos estudios acreditan que la excepción ibérica ha dado lugar a un incremento del consumo del gas en España para producir energía.

Hemos pasado de importar 1.013 GWh desde Francia, a exportar 1.459 GWh, lo que se traduce en una necesidad de generación eléctrica de unos 2.500 GWh adicionales, para los que han sido necesarios importar 4.500 GWh de gas adicionales. Tal es así que la generación de electricidad con gas ha pasado de un 16% en mayo a un 33% en julio. Un extra de gas que muy probablemente no sería necesario sin esa excepción ibérica.

El tope del gas y la situación actual ha generado que, en junio, la demanda interna total de gas (convencional + la de gas para generar luz) creció un 6,9% debido al crecimiento experimentado por la demanda de gas para generar luz. Pero, de no haber entrado en vigor la excepción ibérica, esa demanda interna total se habría desplomado un 9,7%, casi tres puntos más del compromiso de ahorro asumido con Bruselas. Por tanto, la mejor manera de conseguir reducir el consumo de gas y, en consecuencia, bajar su precio, parece que no pasa por el camino adoptado por España.

Estos meses de aplicación de la medida estrella del Gobierno -la excepción ibérica- han demostrado, por tanto, ciertas lagunas, ineficiencias y distorsiones, de las que ya alertábamos.

Estamos sufragando a Francia, en concepto de exportación de energía, un importe que ya supera los 500 M de euros y podría llegar a 1.000 M, y ese coste lo están soportando los españoles en sus facturas.

Por último, la Comisión Europea avisa en su análisis reciente que la aplicación de esta fórmula a la totalidad de países miembros supondría un coste superior a los 200.000 M de euros al conjunto de Europa y elevaría el consumo de gas en un 10% poniendo en peligro no solo el precio sino también el suministro. Por ello, Bruselas parece que rechaza inicialmente la excepción ibérica para el conjunto de la UE por cara y arriesgada.

2.4.- Intervención del mercado del gas.  

Frente a la excepción ibérica parece que Europa se inclina más por la propuesta marcada por Italia según la cual la UE negociaría de forma conjunta tanto una bajada de precios como un incremento de las importaciones de nuestros aliados, reduciendo el precio del gas (y de la electricidad, en consecuencia) así como el peso de Rusia en las importaciones totales de gas de la UE. Se trataría, por tanto:

a)    Un precio máximo de gas en frontera con aquellos de nuestros aliados de los que importamos gas como EEUU, Noruega y Argelia. Rusia venía representando el 42 % de todo el gas importado en 2021, pero eso también quiere decir que hay un 58% del gas importado por la UE que no viene de este país y que deberíamos aspirar a comprar más bajo.

b)    Un incremento de las importaciones de nuestros aliados, mediante un incremento del grado de utilización de los gasoductos existentes que nos conectan con algunos de ellos y que pueden estar por debajo del 100% de su utilización.



3.  
PROPUESTAS DE NUEVAS FÓRMULAS DE IMPOSICIÓN EFICIENTE Y DINAMIZADORA DE LA ECONOMÍA

3.1.- Simplificar la fiscalidad de la energía (electricidad):

Sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de electricidad por un impuesto que internalice los daños ambientales, siempre respetando los marcos de armonización fiscal de la Unión Europea.

3.2.- Reducción impositiva:

Tal como planteaba el punto 2.1.3.b del Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España, hay margen para:

  • Extender la rebaja del IVA mínimo del gas y la electricidad durante todo el invierno y mientras no se atempere la gravedad de la crisis.
  • Rebajar los tipos del gasóleo para usos especiales que utilizan los agricultores. Y, en el caso concreto de los transportistas, se debería solicitar a la Comisión Europea una excepcionalidad para poder rebajarles este tipo mínimo.
  • Adicionalmente, se debería activar la exención prevista en el artículo 14.1 a) Directiva 2003/96/CE para todo tipo de hidrocarburos destinados a la producción de energía eléctrica.
  • Por último, debe acometerse la rebaja temporal de los tipos impositivo del IIEE sobre Hidrocarburos hasta los mínimos contemplados en el Anexo I de la Directiva 2003/96/CE.

3.3.- Libertad de amortizaciones para inversiones en eficiencia energética:

Proponemos introducir, tal y como señalábamos en el Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España, un nuevo supuesto de libertad de amortización en el artículo 12.3 LIS para ese tipo de inversiones. Esta libertad de amortización pretende incentivar las inversiones con un alto nivel de mejora de la eficiencia energética.

3.4.- Reducción del IVA del pellet:

El pellet, un nuevo biocombustible que no depende del gas ni de la electricidad, y que además se está utilizando de forma creciente en entornos rurales, soporta un 21% de IVA. Proponemos una rebaja de este tipo impositivo comparable a la que ha beneficiado a otras fuentes de energía.

3.5.- Emisiones de CO2:

Debemos tomar la iniciativa en el ámbito comunitario y, para ello, deben estudiarse todas las opciones posibles bajo la necesaria negociación que procede con Bruselas:

  • Una rebaja sustancial del precio de los derechos de emisión de CO2. Los niveles de recaudación se han visto incrementados de una manera muy importante, para el año 2022 la previsión en los PGE apuntaba a 2.000 M de euros aproximadamente y todo apunta a que esta recaudación puede superar los 3.000 M de euros. Atendiendo a los incrementos producidos que partían de un precio cercano a 20 y que en algunos momentos alcanzó los 90 nos parece que la decisión más adecuada podría ir por esa reducción a nivel europeo con un carácter temporal de choque frente a la escalada de precios en el ámbito energético.
  • Si fuera necesario y así se acordase por la UE, aunque siempre matizando que sería con un carácter temporal, reducido y orientado a ayudar en esta profunda crisis, se podría plantear una suspensión de los derechos por algunos meses. En ningún caso esta suspensión significaría renunciar a la posición europea ni a nuestros objetivos climáticos. Es cierto que el entorno de dificultad nos está obligando a adoptar decisiones no previstas hasta la fecha con un claro carácter temporal orientadas a mejorar la situación del conjunto de europeos, pensando también en el empleo, la actividad económica y la respuesta a esta profunda incertidumbre.

 

Un problema adicional que sufre la industria europea es que sus productos deben competir con importaciones que no están sometidas a este ‘impuesto ambiental’.

  • Una solución sería acordar un ‘mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAN). Europa lleva analizando esta posibilidad desde hace algún tiempo, pero el marco temporal para implantar esta medida concreta no es anticipa menor a 3 años. En la situación actual corremos el serio riesgo de cierre de algunas industrias o la deslocalización de empresas que generan mucho empleo, en lo que se conoce como “fuga de carbono”. Este mecanismo no sería la posición ideal, puesto que puede restringir el comercio, con las consecuencias que podrían derivar de ello. No obstante, si no se acomete la rebaja del coste de los derechos de emisión, que no todos los países del mundo cumplen, habría que equilibrar la competencia con alguna medida de este tipo.
  • Otra opción más drástica sería establecer limitaciones a la entrada de productos que, en su fabricación, hayan emitido CO2 sin limitaciones.
  • En todo caso, deben reevaluarse los sectores receptores de Compensación de Costes Indirectos de CO2 en la lista revisada por la Comisión Europea, incrementando recursos para la compensación de dichos costes. Prioridad en estos momentos sería utilizar esta recaudación para reducir la factura eléctrica sin olvidar las ampliaciones que ha hecho el Gobierno en este sentido.

3.6.- Impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas:

En línea con lo que está estudiando la UE (el Non-paper antes citado), proponemos:

  • Que los ingresos extraordinarios que reciba Hacienda tengan que ser compartidos con los consumidores para bajar los precios. El plan de Alemania, anunciado por Olaf Scholz el 4 de septiembre, prevé esta fórmula.
  • Otros países, como Reino Unido, han establecido una exención en ese impuesto sobre beneficios extraordinarios, en un porcentaje muy alto, cuando se planea su reinversión en mejoras energéticas.
  • La UE ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto, podría conllevar su posterior abolición. Para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto, proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta en tanto en cuanto se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva.  El Non-paper recoge exactamente “the introduction of such a cap would not be compatible with parallel excess profit taxation schemes, which would have to be abolished”. La UE ha determinado, en uno de sus últimos documentos, que los países podrán adoptar o mantener medidas complementarias a las que se implementen para el conjunto de los países miembros, en esa voluntad de reducir los incrementos extraordinarios en atención a sus especiales circunstancias, pero no parece que la formula deba ir en esta línea frente a la cual Europa ha abierto el debate de una tasa solidaria para aquellas energías a las que no se establezca una limitación de precio.



4.  
PROPUESTAS DE NUEVAS FÓRMULAS PARA UN MIX ENERGÉTICO SUPERAR LA CRISIS

4.1.- Impulso de energía renovable:

  • Agilizar los trámites de las renovables para facilitar la gestión de todos los trámites y autorizaciones de las distintas Administraciones (nacional, autonómica y local) asociados a la instalación de potencia renovable. La agilización introducida en el mes de marzo requiere de una revisión que permita realmente conseguir esa agilización deseada por todos.
  • Reforzar la coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia para minimizar las discrepancias sobre la instalación de renovables que afecten a la ordenación del territorio.
  • Desarrollar, en materia de autoconsumo, nuevos modelos de cooperación para la instalación de energías renovables como las Comunidades Energéticas locales o las Comunidades Energéticas empresariales. Medidas de agilización y facilitación de conformación de Comunidades Energéticas. Desarrollar un marco normativo favorecedor, eliminando barreras tanto de figuras jurídicas como limitaciones técnicas, por ejemplo, la exigencia de distancias menores de 500 metros para participantes en autoconsumo colectivo. Se plantea una mayor concreción y regulación de los agregadores como agentes de mercado que ofrecen servicios a las Comunidades Energéticos. Habilitar fondos para el desarrollo de líneas de ayuda e incentivos que contribuyan al adecuado despliegue de Comunidades Energéticas locales y Comunidades Energéticas empresariales, todo manteniendo el equilibrio del sistema eléctrico y su sostenibilidad.
  • Mejorar la gestión de los puntos de acceso a la red para evitar la especulación en torno a estos puntos de conexión. Acompañarlo de una mayor transparencia en la información relativa a las capacidades de los nudos de acceso y conexión.
  • Desatascar el “tapón” en los derechos de acceso a la red de transportes para el desagüe de la generación renovable. De los 140 GW de generación renovable esperada con derecho de acceso otorgado (por encima de los 64 GW ya instalada), se estima que alrededor de 1/3 correspondería a operadores que no tienen capacidad de llevar a cabo las inversiones comprometidas.  
  • Aumentar el número de subastas anuales de puntos de acceso, en el marco de una política energética técnicamente solidad y orientada al largo plazo que resulte atractiva para inversores domésticos y extranjeros.
  • Acelerar la instalación de energía solar fotovoltaica. Compartimos el puntero de llegada en el PNIEC (40 GW) pero en España a diferencia de otros países resulta más eficiente (en términos de potencia instalada por euro invertido) la generación de electricidad con tecnología solar fotovoltaica.
  • Incrementar de forma decidida las inversiones en almacenamiento haciendo uso de los fondos Next Generation.
  • Modernizar y digitalizar las redes eléctricas de transporte y distribución, que permita la integración segura y eficaz de: (1) energías renovables a gran escala, (2) recursos distribuidos como el autoconsumo y (3) vehículo eléctrico.
  • Aumentar el grado de aplicación del procedimiento abreviado del RD 1183/2020 a instalaciones de autoconsumo no sólo de hasta 15 KW.
  • Impulsar la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la aerotermia y geotermia, tanto en instalaciones individuales como colectivas y de distrito.
  • Revisar el cumplimiento temporal de los objetivos incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en relación con el desarrollo de las energías renovables. Para evitar que todo el cumplimiento se posponga al 2030, proponemos un calendario de cumplimiento por etapas para asegurar los objetivos inicialmente establecidos.
  • Reformar la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para dotar de mayor seguridad jurídica a los administrados sin prescindir de la tramitación ambiental.
  • Desarrollar la Directiva 2014/89/UE de 23 de julio de 2014, que debía haberse traspuesto antes del 31 de marzo del 2021, para elaborar los planes de ordenación marítima que permitan desarrollar las energías renovables marinas (todavía no resulta posible la tramitación de ningún proyecto) y que el Gobierno tiene todavía pendiente.

 

Para el desarrollo de las renovables marinas, proponemos:

  • La aprobación inmediata y consensuada con las Comunidades Autónomas de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo a nivel nacional.
  •  Activar los mecanismos para el desarrollo de proyectos relacionados con la energía eólica marina, incluyendo el correspondiente sistema de retribución e incentivos.
  • Desarrollar y aprobar procesos de tramitación administrativa ágiles para proyectos relacionados con la energía eólica marina, que permitan un adecuado despliegue de la tecnología que contribuya a la consecución de los objetivos energéticos y medioambientales establecidos por la UE y garantizando la compatibilidad con otros sectores productivos como el sector pesquero.

4.2.- Extensión de la vida útil de la energía nuclear:

  • La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas valorando también la posibilidad de su repotenciación cuando las condiciones lo hagan posible.
  • Acordar, dentro de este replanteamiento de la política nuclear, un precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz.
  • Desbloquear de forma inmediata la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca), proyecto que tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del CSN y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización.


4.3.- Desarrollar el Hidrógeno renovable:

  • Empezar ya con proyectos de demostración de hidrógeno renovable.
  • Acelerar la aplicación de fondos europeos para promover el desarrollo de esta fuente de energía, en especial dentro de los Next Generation (PERTE de Energías renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de Diciembre de 2021).
  • Facilitar la regulación y la tramitación de permisos necesarios.
  • Iniciar el despliegue de las infraestructuras del transporte y distribución del hidrogeno.
  • Negociar acuerdos con nuestros países vecinos para exportar.

 

4.4.- Eliminar el trato discriminatorio de la Cogeneración:

El sector alerta del riesgo de pérdida de competitividad de más de 600 industrias vinculadas a esta energía (20% del PIB industrial en España) en sectores como alimentación, papel, química, cerámica, refino, olivar, automóvil…, con más de 200.000 empleos directos afectados, en su mayoría estables y de calidad.

Se sugiere seguir el ejemplo de Portugal (art. 2 del DL 33/2022) y atender la Recomendación de la UE (2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre; punto 2.2.del anexo). 

Por tanto, se propone que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adopte una de las dos medidas que se exponen a continuación:

- Establecimiento de una regulación adecuada para que el régimen retributivo específico se adapte a las particularidades del mercado y compense los costes de explotación, con la utilización de índices europeos para fijar el precio del gas. Además, mientras se encuentre en vigencia el mecanismo de compensación establecido en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, realizar una actualización mensual incorporando la variación del coste de combustible en los valores de retribución a la operación.

- Incluir a la cogeneración en el mecanismo de compensación aprobado en el Real Decreto Ley 10/2022, con carácter opcional, renunciando de forma temporal al régimen retributivo específico.

Y además que el MITERD proceda a la convocatoria de subastas para la renovación y nueva implementación de instalaciones de cogeneración para que continúen apoyando a la industria, reduciendo el coste de la energía, favoreciendo la eficiencia energética y aportando seguridad de suministro al sistema eléctrico.

 



4.5.- Gases renovables y biocombustibles:

  • Apoyo a la movilidad basada en gases renovables. Una parte de la movilidad no puede ser electrificada y sería conveniente diversificar las fuentes renovables.
  • Fomento del uso del biogás. Se plantean medidas de facilitación de gases generados en la EDAR u otras localizaciones que generan gases como por ejemplo: metano, promoviendo la construcción de plantas de biogás. Aceleración del actual proceso de certificado de origen de gases renovables.
  • Incrementar los fondos europeos destinados al impulso y adecuado desarrollo de los gases renovables para que contribuyan de manera efectiva a los objetivos establecidos de descarbonización y reducción de la dependencia energética del exterior. En especial, acelerar el desarrollo del marco normativo previsto en materia de fomento del biogás y, adicionalmente, aumentar el nivel de ambición, estableciendo incentivos al biometano, tal y como se ha venido realizando en otros países europeos, que aseguren la competitividad de la tecnología.
  • Es necesario contar con un sistema de Garantías de Origen robusto y flexible que incluya información sobre sostenibilidad y reducción de emisiones, puesto que es imprescindible para el despliegue masivo de los proyectos de biometano.

 

4.6.- Asegurar una energía competitiva para crecer y crear empleo:

Se puede proponer extraer de la factura eléctrica todos aquellos componentes que no tengan que ver con la política energética. Nos estamos refiriendo al coste de la deuda y al coste de los territorios no peninsulares, para introducirlos en los Presupuestos Generales permitiéndonos reducir la factura eléctrica de todos los consumidores.

5.   PROPUESTAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS QUE PROMUEVAN LA SEGURIDAD ENERGÉTICA

5.1.- MidCat - interconexiones:

  • Aprovechar los fondos europeos y el nuevo escenario de necesidad abierto en la UE para impulsar esta interconexión que nos permitiría convertirnos en un hub de gas e hidrógeno.  Gas producido por regasificadoras o proveniente de Argelia, con quien debemos recuperar las relaciones diplomáticas y comerciales perdidas. E hidrógeno, que es la energía del futuro.
  • No deberíamos desaprovechar el apoyo de la UE y de Alemania para impulsar este gran proyecto europeo (todo ello esperando el pronunciamiento de la UE).

5.2.- Almacenamiento:

  • Desarrollar y activar mecanismos de ayuda e incentivos a grandes proyectos de almacenamiento energético que contribuyan a una adecuada gestión de un “mix” energético basado en fuentes renovables de energía.
  • Desarrollar y aprobar procesos de tramitación administrativa ágiles para proyectos relacionados con el almacenamiento de energía a gran escala.
  • Definir su tratamiento ambiental. Actualmente estas instalaciones no tienen epígrafes de identificación en las normativas ambientales que favorezcan la tramitación del instrumento ambiental necesario. Ante la falta de claridad, muchas veces se opta por instrumentos de mayor prevención.

5.3.- Proyectos hidroeléctricos reversibles:

  • Simplificar los trámites administrativos para que los proyectos cuenten con un punto de acceso y de conexión a la red de transporte. En la actualidad no se pueden tramitar muchos proyectos por no tener puntos de acceso.
  • Utilizar los fondos Next Generation para la ejecución de estos proyectos.
  • Elaborar un Plan Nacional de bombeo hidráulico


5.4.- Conexión eléctrica submarina con Francia

El proyecto para interconectar el Golfo de Bizkaia y la costa de Capbreton (Francia), con una distancia de 400 km y que permitiría elevar la capacidad de interconexión de 2.800 MW a 5.000 MW se retrasa 2 años hasta el 2027 según ha informado Red Eléctrica Española. Éste debiera ser uno de los proyectos que se agilizasen para superar el efecto de isla energética que sufrimos en España.

6.   PROPUESTAS DE NUEVAS POLÍTICAS QUE REFUERCEN LA ESTABILIDAD DEL SUMINISTRO PARA MINIMIZAR LOS SHOCKS ENERGÉTICOS

6.1.- Potenciación de la contratación bilateral – PPA:

  • Desarrollar la regulación reglamentaria de los PPA atendiendo a la experiencia de países que, como EEUU, ya los tienen muy desarrollados.
  • Aprovechar las ventajas que ofrecen los PPA para reducir la volatilidad de precio, fomentar el consumo de energía verde y facilitar una estructura de costes estable a largo plazo para las empresas.

6.2.- Fondo Nacional de Eficiencia Energética:

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética es un mecanismo que funciona desde hace casi una década, y que fue promovido por una Directiva de la UE.

Hoy se hace necesario dotar de un mayor dinamismo a los proyectos financiados con este Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que están contribuyendo las empresas para reforzar la estabilidad del suministro y minimizar el actual shock energético.

6.3.- Garantías Financieras de los mercados organizados de gas y electricidad:

  • Crear, con carácter temporal, un Fondo de Liquidez de Emergencia, con respaldo del ICO, para periodos de volatilidad extraordinaria en los precios de la energía, siempre que se trate de solucionar problemas de iliquidez y no de insolvencia Así lo ha hecho, por ejemplo, Alemania a través de su banco público KfW, el equivalente al ICO español.
  • Posibilitar garantías bancarias sin necesidad de que estén respaldadas en su totalidad por efectivo.
  • Posibilitar el uso de los derechos de emisión de CO2 como garantía o colateral. Esto permitiría reducir parcialmente la presión sobre la liquidez.

6.4.- Industria electrointensiva y gas intensiva:

Proponemos, siempre dentro del marco de la normativa específica de ayudas de estado:

  • Un programa de préstamos ICO para circulante y así facilitarle liquidez a corto plazo.
  • Flexibilizar los contratos de suministro de energía.
  • Reactivar los mecanismos de interrumpibilidad, voluntarios y retribuidos, para el gas y la electricidad.
  • Aumentar el porcentaje de la recaudación de los derechos de emisión de CO2 destinado a compensar a las industrias electrointensivas.
  • Dar inicio a un procedimiento de revisión del RD 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que recoja las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad de las empresas electrointensivas.
  • Mientras no tiene lugar la propuesta de revisión anterior, ejecutar las medidas ya incluidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, tal y como se ha solicitado por parte de las Comunidades Autónomas. Éste es el caso de la bonificación de los costes de transporte, que, a pesar de ser una medida anunciada por el Gobierno, todavía no se encuentra en vigor.
  • Activar subastas de energía procedente de fuentes renovables específicas para consumidores industriales intensivos en energía.
  • Avanzar en la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de la industria intensiva en energía, concretando plazos y los programas a impulsar en el marco de una cogobernanza real y efectiva.
  • Aplicar a la industria intensiva en energía regímenes de ayuda análogos a los aprobados en otros Estados miembro como Alemania o Finlandia, incrementando el porcentaje de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2.

Poner en marcha de manera urgente las líneas de ayudas directas a empresas y a consumidores industriales, habilitadas por el marco temporal europeo de ayudas ante la guerra contra Ucrania, a semejanza de lo ya realizado por otros países europeos con su industria.


7.   PROPUESTAS PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UE

Propuestas en el ámbito del RDley 14/2022:

En línea con la recomendación de Europa, agrupamos nuestras propuestas para familias y PYMES en una voluntad común: “Poniendo de mi parte”

7.1.- Ayudas e incentivos para la reducción de consumo:

Entre algunas de las medidas que se podrían desarrollar en este objetivo de reducir el consumo energético vía incentivo, proponemos:

-Para Hogares y Empresas:

Planteamos un sistema de bonificaciones progresivas para el consumo de electricidad y gas este invierno (del 1/11/2022 al 31/3/2023 comparado con el realizado entre el 1/11/21 y el 31/3/2022). Unas bonificaciones que serían abonadas por las comercializadoras en los ciclos de facturación entre el 1/4/2023 y el 30/6/2023, y que serían asumidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Según el porcentaje de reducción, se establecen tres bandas:

-          Una primera banda con ahorros de entre el 3% hasta el 6,99%, bonificando en un 5% el consumo de electricidad y en un 10% el consumo de gas.

-          Una segunda banda con ahorros de entre el 7% y el 14,99%, bonificando en un 10% la electricidad y en un 20% el gas.

-          Una tercera banda, para ahorros superiores al 15%, con bonificaciones del 20% en el consumo de electricidad y del 40% en el consumo de gas.

Un modelo similar de bonificaciones por ahorro de agua sobre la tarifa aplicadas se puso en marcha por Canal de Isabel II desde hace al menos veinte años, dentro de la estrategia global de Canal de Isabel II de conseguir el descenso del crecimiento del consumo que en 2005 superaba los 600 Hm3/año, lo que, sumado al incremento poblacional de Madrid, suponía un serio riesgo de desabastecimiento para la región en caso de sequía. Más si cabe cuando la media de las aportaciones a los embalses de Canal había descendido el 20% en los últimos 30 años con respecto a la media histórica de más de 100 años.

Las diversas medidas de ahorro emprendidas, entre las que esta bonificación era la medida estrella para el público, consiguieron un descenso en el consumo del 20% (más de 100 Hm3/año).

- Para Grandes Consumidores:

Nos remitimos a las medidas planteadas, entre otras, en el punto 7.15.-

7.2.-Descuentos Plan Renove en la compra de electrodomésticos y gasodomésticos. 

7.3.- Campañas de información y sensibilización destinadas a la implementación voluntaria (hogares y empresas) de medidas de ahorro y eficiencia energética

7.4.- Reducir los tipos de IVA para adquisición de sistemas de calefacción de alta eficiencia.

7.5.- Descuentos Plan Renove para cambio de las calderas.

7.6.-Incentivar las capacidades de sustitución de combustibles por parte de las industrias y la generación de electricidad y calor, especialmente la sustitución por biomasa procedente de fuentes sostenibles, biometano procedente de desechos y residuos, energía solar y otras fuentes de energía renovables.

7.7.-Incentivar las auditorias energéticas y el análisis para evitar pérdidas de calor procedentes de los procesos productivos de alta temperatura.

7.8.-Establecer información y mejoras en el etiquetado energético para ayudar a los consumidores y compradores a elegir aparatos más eficientes.

7.9.-Agilizar los fondos Next Generation.

7.10.-Reforzar los requisitos nacionales en materia de energía (y eficiencia en el uso de los recursos) de los edificios nuevos, mediante los requisitos de los sistemas de calefacción, e introduciendo normas de emisión cero antes de 2030.

7.11.-Reducir el precio del transporte público en su conjunto.

7.12.-Potenciar la eficiencia energética del transporte impulsando la renovación de las flotas con una revisión del Plan Moves.

7.13.-Modificación del contrato de acceso: se propone que, a las instalaciones sin excedentes, se les modifique el contrato de acceso de oficio, y por tanto, no necesiten del intercambio de información entre comercializadora y distribuidora tras la firma de un contrato por parte del titular, puesto que no requieren de la fijación de un precio en el contrato de acceso entre titular y comercializadora.

7.14.-Campaña de concienciación “Poniendo de mi parte” para el ahorro energético:

  • para la moderación de la velocidad en las autopistas.
  • para un uso racional del aire acondicionado y la calefacción.
  • para fomentar el uso del transporte público.
  • para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público, destacando las ventajas energéticas y de salud personal para los usuarios.
  • para informar sobre el desperdicio múltiple de energía en los hogares y PYMES.

7.15.-Pagos por interrumpibilidad:

Es necesario reactivar los pagos por interrumpibilidad en el sector eléctrico e instaurarlos en el sector del gas (que tiene que ser también causa económica). El fomento de este tipo de contratos lo promueve Europa como medida voluntaria basada en el mercado porque con ellos se refuerza la flexibilidad del sistema y ayuda a empresas que utilizan la electricidad de forma muy intensiva. Evidentemente, la activación de la interrupción conlleva una compensación financiera predeterminada. Todo ello bajo el marco regulador de las ayudas de Estado fijadas por Europa.

Planteamos la puesta en marcha del sistema de interrumpibilidad del suministro eléctrico, que consiste en una petición de reducción de consumo de luz por parte de Red Eléctrica a las empresas suscritas al sistema, a cambio de una compensación económica. Básicamente, supone remunerar a grandes consumidores, como la industria, por no consumir en momentos de alta demanda, siendo las propias empresas las que deciden si les merece la pena apagarse temporalmente en todo o en parte para asegurar el abastecimiento del resto de los consumidores sin incrementar costes para el sistema.

Gestionando acuerdos con estas empresas, el operador del sistema consigue no solo un menor consumo en las horas más caras, sino también un abaratamiento de los costes al evitar que operen los generadores de gas más caros e ineficientes. Ya se aplica en otros países europeos y de hecho está también regulado en España, aunque el Gobierno dificulta cada vez más su gestión, hasta el extremo de que actualmente es casi inexistente.

El objetivo sería aplicarlo a todos los sectores industriales que lo soliciten y no solo los Electrointensivos. Podría financiarse de las tasas e impuestos a la electricidad que se han visto afectados notablemente con los incrementos de precio de la energía. El coste de la interrumpibilidad, suponiendo que se reservaran 3000 MW, supondría unos 500 millones de euros. Si se aplica adicionalmente no solo a la electricidad sino también al gas natural, sería la primera vez que se utilizase un sistema así en España.

7.16.- Eficiencia energética de edificios:

Hay medidas que deben acelerarse con urgencia, y que van a tener un impacto positivo a medio plazo. Una de ellas es potenciar el aislamiento de edificios, así como la instalación de energía renovable en los mismos.

Defendemos fomentar en mayor medida la ayuda pública y la financiación para el cambio de calderas de gas en los hogares, para que reduzcamos consumos y las familias ahorren en los próximos meses.

Debemos dar ejemplo desde la Administración. Por eso, debemos llevar a cabo auditorías y proyectos de eficiencia energética en todos los edificios públicos (colegios, hospitales, comisarías, cuarteles…) para que las Administraciones Públicas muestren, con su ejemplo, las ventajas de invertir en mejorar la eficiencia energética de los edificios.

7.17.- Agricultura, ganadería y pesca:

Estos sectores, gravemente afectados por los precios energéticos, deben ser tomados en consideración. Por ello, debemos mantener un diálogo abierto, y en su caso dar respuesta a las necesidades que nos planteen

7.18.- Integrar el riesgo de escasez de gas en los planes nacionales de preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad.

7.19.- Sistemas de subastas o licitación

Una de las medidas propuestas por la Comisión en los documentos de julio y agosto, consisten en sistemas de subasta o licitación nacionales o conjuntos mediante los cuales los Estados Miembros incentiven una reducción del consumo por parte de los grandes consumidores (principalmente la Industria). Las industrias mejor situadas para reducir la demanda se ofrecerían voluntariamente a hacerlo. Dependiendo del diseño, podrían recibir una compensación financiera a cambio de un ahorro adicional.

7.20.- Contratos de intercambio de grandes clientes

7.21.- Desarrollar las hipotecas verdes

Proponemos desarrollar una nueva figura de hipotecas verdes que permitan obtener reducciones en los créditos concedidos ante actuaciones en eficiencia energética en los hogares y locales comerciales.

7.22.- Bonificación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por actuaciones energéticas

Negociar con las CCAA la posibilidad de establecer una bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre la compraventa de aquellos inmuebles sobre los que se realice actuaciones de eficiencia energética en los 12 meses anteriores o posteriores a la operación y hayan significado el cambio de calificación energética del inmueble.

7.23.- Creación de Comité de Seguimiento:

Se propone un Comité de Seguimiento de las medias de ahorro energético para el ahorro del 7% propuesto por Europa formado por Gobierno, CCAA, entidades locales, sectores afectados, empresas y consumidores que permita la medición de los objetivos y la valoración de los avances.

7.24.- Gestión de la Demanda:

En España tenemos margen de mejora en los mecanismos de gestión de la demanda (en principio lo que tenemos es en materia de interrumpibilidad eléctrica). Se debería avanzar paulatinamente en estos instrumentos intentando extenderlos a todos los consumidores industriales, los de servicios, y por último a consumidores domésticos. En continuidad con esta propuesta debemos potenciar los agregadores de demanda energética (Rdl 23/2020 que transpone la Directiva).

8.      PROPUESTAS DE MEDIDAS DE AHORRO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE COLABOREN CON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

8.1.- Aprobar un Plan de Eficiencia Energética aplicable a todas sus instalaciones.

8.2.- Calcular su huella de carbono y establecer un Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

8.3.- Impulsar, en la contratación del sector público, la incorporación de los pliegos de criterios de reducción de emisiones y de huellas de carbono dirigidos especialmente a la lucha contra el cambio climático.

8.4.- Mejorar la movilidad y electrificación del parque móvil de la Administración.  

8.5.- Centralizar la compra de energía para todos los servicios de la Administración Pública con el objetivo de obtener el mejor precio.

8.6.- Instalar tecnologías de iluminación que reduzcan el gasto energético, así como temporizadores para el apagado de luces en los edificios públicos.

8.7.- Modernizar las instalaciones de calefacción y climatización utilizando en lo posible energías renovables. Valorar la posibilidad de utilizar la geotermia y aerotermia.

8.8.- Ajustar la temperatura máxima y mínima en verano e invierno en los edificios públicos para ahorrar energía, teniendo en cuenta las distintas características climáticas de las diferentes regiones españolas.

8.9.- Mejorar la eficiencia de la iluminación en los edificios y en las vías públicas, en el ámbito de las entidades locales, así como en las carreteras que sean competencia de las CCAA, del Estado o de las Diputaciones.

8.10.- Reforzar los requisitos nacionales en materia de energía (y eficiencia en el uso de los recursos) de los edificios nuevos, mediante los requisitos de los sistemas de calefacción, e introduciendo normas de emisión cero antes de 2027.

8.11.- Previo acuerdo con las CCAA, establecer objetivos vinculantes de implantación de autoconsumo renovable en las AAPP que permita la generación el 7% de la electricidad consumida por la Administración den un plazo de 2 años.

8.12.- Constituir una Comisión de Seguimiento del Plan de Contingencia integrada por el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los sectores afectados y los agentes económicos y sociales.

9.     CONCLUSIONES

9.1.- Establecer OBLIGACIONES a las Administraciones Públicas (primeras que deben dar ejemplo en materia de ahorro y eficiencia energética) y RECOMENDACIONES a familias y empresas.

9.2.- Impulsar las ENERGÍAS RENOVABLES para reducir la dependencia del gas ruso al mismo tiempo que se consigue una reducción en la factura de la electricidad a hogares y empresas (pymes, autónomos e industria).

9.3.- Contribuir a la DIVERSIFICACIÓN TECNOLÓGICA para frenar la dependencia del gas (especialmente del procedente de Rusia: corregir la tendencia actual en España, que ha incrementado las importaciones de gas de este país en lo que va de año).

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