Así se ha referido María Dolores de Cospedal a los presupuestos de ambos Gobiernos socialistas, los que "desgraciadamente, no van a ser las herramientas necesarias para la recuperación económica".
En este mismo contexto, Cospedal ha recordado "a la cantidad de personas que lo están pasando mal en nuestro país, así como en Castilla-La Mancha, con 60.000 familias con todos sus miembros en paro, 30.000 empresas desaparecidas en 2009 en la región y otras 18.000 empresas en lo que va de 2010".
Que el Banco CCM nazca de la legalidad
Por otra parte, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha se ha referido a la necesidad de que el nuevo Banco CCM "se asiente en la legalidad, ya que no puede ser que el Gobierno socialista de Barreda trate de empezar en el funcionamiento del nuevo banco con una fundación constituida ilegalmente".
Así, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencia para modificar lo que se aprobó en la última Asamblea de la extinta CCM, y "ha realizado una modificación de los Estatutos más allá de su competencia , y esa modificación, entendemos que no es ajustada a Derecho y por eso hemos recurrido a la Justicia".
Por otra parte, también a preguntas de los medios, Cospedal se refirió a la operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Murcia, destacando que "este tipo de actuaciones y las filtraciones a los medios de comunicación, tienen que ver más con un intento de distracción de lo que de verdad está pasando en España que con la necesidad de seguir investigando este caso en concreto y lo digo porque este caso se lleva investigando desde el año 2008 y el Ayuntamiento lleva mandando información desde entonces".
Sobre la relación ETA-Venezuela
Finalmente, respecto a la posible formación de miembros de ETA en Venezuela, Cospedal ha señalado que "ningún español se siente satisfecho con las explicaciones que ha dado el Gobierno diciendo que van a pedir información, ya que el Gobierno de España mantiene excelentes relaciones con el Gobierno venezolano -a pesar de muchas cuestiones que son claramente contradictorias con lo que pueda ser el interés general de España- y el Gobierno tiene la obligación de pedir explicaciones y de darlas en el Congreso de los Diputados", ha concluido.
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