El portavoz de Cultura del Grupo Popular, Juan de Dios Ruano, aseguro hoy que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, “tiene como finalidad principal proteger y defender a nuestros creadores culturales en el entorno digital”, además de mejorar “la transparencia y la eficacia de las Sociedades de Gestión de Derechos de autor”.
Así se expresó en la Comisión de Cultura del Congreso —durante el debate del Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual—, donde destacó “la capacidad de diálogo, acuerdo y consenso del Grupo Parlamentario Popular” durante su trámite parlamentario. Esta “voluntad de acuerdo”, explicó, se prolongará después del verano en el Senado “para perfeccionar técnicamente el texto legal en todo cuanto sea posible”.
Para el portavoz popular, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tiene una serie de objetivos claros, el primero de los cuales es “reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia de las mismas”.
Asimismo, la reforma busca “mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital y, también, acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información”
La nueva Ley también ampliará el “derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando así el uso de licencias”, y adaptará “el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet, reconociendo el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación de sus contenidos”.
Finalmente, la reforma servirá para transponer al ordenamiento jurídico español dos Directivas comunitarias que quedaron pendientes en la anterior legislatura, más otra producida el 26 de febrero de este año tras la presentación el 14 de febrero del proyecto de ley en el Congreso, además de adaptar la ley de Propiedad Intelectual a la actual legislación en materia de racionalidad de las Administraciones públicas.