El PP subraya el compromiso del Gobierno con la protección a la infancia y la adolescencia

En este sentido, la portavoz del GPP destacó que los proyectos de ley de protección a la infancia y a la adolescencia que se han aprobado en el Consejo de hoy “convierten a España en el primer país del mundo en integrar en su ordenamiento jurídico la definición del interés superior del menor, de acuerdo con la recomendación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2013”.

Asimismo, Montesinos recordó otras iniciativas del gobierno popular a lo largo de la Legislatura, como el primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, el Plan de Acción para la Inclusión Social, la reforma fiscal, donde las familias con hijos son las principales beneficiarias o el compromiso de los PGE para 2015 con el mayor incremento presupuestario para familia e infancia con más del 20%.

Además, explicó que la reforma modifica hasta doce leyes, dando lugar a “un sistema renovado, eficaz y más ambicioso” que incluye la obligatoriedad de que las memorias de análisis normativo que acompañan los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento incluyan el impacto de los mismos en la infancia y en la adolescencia. “Será la primera vez que se tenga en cuenta a los menores en España ante cualquier decisión política”, subrayó.

Igualmente, destacó que la reforma “agiliza el acogimiento y la adopción y refuerza la protección de los menores ante situaciones de abusos sexuales y violencia de género”. Así, añadió que “será requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación”.

“La elaboración de la reforma –dijo- se ha hecho desde el consenso y la cooperación con las Comunidades Autónomas, entidades sociales de infancia y expertos universitarios, así como con el Consejo Fiscal y los ministerios implicados y desde el GPP deseamos que este mismo espíritu se traslade al Congreso y que se convierta en Ley con el máximo consenso posible”.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

Según indicó la portavoz de Servicios Sociales del GPP, la reforma tiene tres objetivos principales, “el nuevo marco de derechos y deberes y la atención especial a los menores más vulnerables, la configuración de un nuevo sistema de protección a la infancia y el refuerzo de la lucha contra la violencia hacia los menores”.

Así, señaló que “por primera vez se fijan los deberes de los menores en el ámbito familiar, escolar y social; se deja de considerarlos como sujetos pasivos y se establece una mayor protección a los más vulnerables, como extranjeros no acompañados, víctimas de tratas, etcétera, a los que se reconoce expresamente su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

También explicó que “las leyes inciden en una mayor participación de los menores, a través del derecho a que sean oídos y escuchados”. “El conocimiento de sus derechos y deberes se realizará a través del sistema educativo, se recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar y a los menores con discapacidad se les asegura su plena accesibilidad y la garantía de los derechos civiles especializados”.

En cuanto a la configuración de un nuevo sistema de protección a la infancia, manifestó que en la reforma “se definen por primera vez en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo”. En este sentido, aseguró que “la situación de desamparo dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad pública competente y, como aspecto fundamental, se introduce que superados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos”.

Además, destacó que “se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción” y que “con el compromiso del Gobierno se van a primar las soluciones familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas”.

Por último, la portavoz del GPP también destacó la creación del Estatuto del Acogedor Familiar, regulándose por primera vez los centros de atención a menores con problemas de conducta y la modificación, por primea vez, de la Ley de Protección de Familias Numerosas “para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga 21 o 26 años en caso de que estuviera estudiando”.