El PP señala que la reforma del Código Penal por delito de sedición es un indulto encubierto a los socios de investidura de Sánchez

La portavoz adjunta de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Zamora, Mayte Martín Pozo, ha asegurado que la reforma del Código Penal por delito de sedición anunciada por el Gobierno, “se trata de un indulto encubierto a sus socios de investidura, al Sr. Junqueras y resto de condenados por el ‘procés’. Y esto, aparte de ser un atentado al orden constitucional y a la convivencia, es un insulto a los españoles”, ha apostillado con rotundidad la senadora zamorana.

La senadora zamorana ha defendió la moción consecuencia de interpelación, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, y por la que el GPP pedía al Gobierno que no modifique la redacción del delito de sedición de nuestro Código Penal, para beneficiar a los líderes del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo.

A lo largo de su intervención, Martín Pozo ha explicado que con esta moción, “pretendemos evitar un nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho y a nuestro orden constitucional”. Así, la senadora popular ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo aseguró que el Gobierno quiere modificar el delito de sedición, y sus socios de gobierno, en palabras del Sr. Echenique, están de acuerdo.

En este sentido, la senadora popular ha señalado que el Gobierno del PSOE y Podemos intentan justificar esta modificación en la necesidad de acompasar este tipo penal al derecho comparado europeo, “pero mienten”. “La verdadera razón por la que quieren modificar el delito de sedición es para pagar el peaje del apoyo a la investidura del Sr. Sánchez; para poner en libertad a los delincuentes condenados por sedición por el Tribunal Supremo por los acontecimientos del 1 de octubre de 2017”, ha dicho.

REFORMA A LA MEDIDA DE JUNQUERAS

En otro punto de su intervención, Martín Pozo ha explicado que estaríamos ante “una reforma a medida de Junqueras y compañía, condenados por sedición; una reforma ‘ad hominen’, contraviniendo los principios básicos del Estado de Derecho donde las normas se aprueban con carácter general y no para un caso concreto”. “No se puede legislar en función de quien cometa o haya cometido el hecho delictivo, no se puede actuar en fraude de Ley, ha señalado.

Además, la portavoz adjunta de Justicia, ha recordado que los hechos de los que fuimos testigos los españoles en octubre de 2017 distaron mucho de ser un mero desorden público; “fue algo mucho más grave y así también lo aprecio el TS, fue un ataque al orden constitucional y por ello entendemos e instamos al Gobierno a volver a incluir el Delito de Sedición en el título XXI de nuestro Código Penal, en los delitos contra la Constitución”.

Ante unos hechos y unos tipos delictivos de tal gravedad, el Estado de Derecho debe reaccionar para que no exista esa sensación de impunidad y de injusticia que planea sobre la mayoría de los españoles desde que el Gobierno anunciara su intención de modificar el delito de sedición, ha detallado la senadora.

REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO

Del mismo modo, Martín Pozo ha afirmado que no sólo pedimos la no modificación del tipo penal de sedición, ni sus penas, sino que “vemos la necesidad de Modificar la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, para que dentro del catálogo de delitos a los que no se pueda aplicar la gracia del indulto figuren la rebelión, los delitos contra la corona y la sedición”.

En esta línea, la senadora del PP ha resumido que todas las cuestiones que plantea la moción, las consideramos “esenciales para el mantenimiento de nuestro orden constitucional, para el mantenimiento de la confianza de los ciudadanos españoles en las instituciones, para el mantenimiento de la convivencia, la paz social y el espíritu de concordia que ha imperado durante estos 40 años”.

Para terminar, Mayte Martín Pozo se ha referido al último de los puntos de la moción del GPP por el que se “propone la tipificación en el Código Penal de la conducta de autoridad o funcionario que, careciendo absolutamente de competencias, convoque un referéndum en contra de lo que nuestra Constitución establece.”