Para el portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Ignacio LLorens, el Proyecto que se remitió desde el Congreso "fue fruto de una intensa negociación entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que mejoró sustancialmente la propuesta inicial del Gobierno".
En opinión del portavoz del PP, en la colaboración que el Grupo Popular ha brindado al Grupo socialista "ha prevalecido el interés general del sector agrario, que atraviesa una situación extremadamente crítica y necesita urgentemente interlocutores válidos".
Entre las mejoras introducidas, el diputado del PP destacó la definición del censo electoral agrario, la eliminación de los factores de discrecionalidad que introducía el Proyecto del Gobierno para acreditar el carácter representativo de las OPAS y la rebaja del nivel de exigencias.
En este sentido, LLorens explicó que "serán representativas aquellas OPAS que en el conjunto de nueve CCAA hayan obtenido al menos un 15% de los votos o si no se celebran los correspondientes procesos electorales, aquellas que sean consideradas representativas al menos en diez CCAA según los criterios que establezcan dichas comunidades".
Por otro lado, José Ignacio Llorens lamentó no poder aceptar las enmiendas del Senado porque, en su opinión, "introducían una mayor confusión en el texto del Proyecto acordado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista en el Congreso". En este sentido, explicó que "al establecer un nuevo criterio de representatividad del 10% en el ámbito funcional o sectorial manteniendo los criterios antes citados, quedaba totalmente indefinido y ambiguo el criterio definitivo para reconocer las representatividades".
El portavoz popular también defendió el carácter independiente y autónomo de las que cumplen los criterios de "representativas" exigidos en la Ley aprobada y animó a las que no están incluidas a que sigan esforzándose para cumplir unos mínimos los establecidos por la Ley aprobada, que son alcanzables.
Por último consideró que "tener presencia en nueve CCAA con el 15% de los votos o en diez CCAA. según los criterios que establezcan las Autonomías, no es en absoluto un criterio restrictivo, sino suficientemente abierto para que el número de interlocutores tenga entidad representativa estatal pero al mismo tiempo racional".