El PP saca adelante una moción que garantiza una mejor defensa de los derechos de los consumidores

La iniciativa del Partido Popular, aprobada tras incorporar una enmienda transacional firmada y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios del Senado, insta al Gobierno a promover medidas que garanticen la veracidad en la información publicitaria, tal y como recoge una Directiva del Parlamento Europeo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores.

Además, exige al Ejecutivo que impulse la incorporación de espacios específicos de orientación, información y sensibilización sobre los derechos de los consumidores en los medios de comunicación.

Durante su intervención en el pleno, Riolobos se refirió a la crisis sanitaria, alimentaria y económica provocada por el brote epidémico de la bacteria e coli en Alemania, y aseguro que este hecho "es un argumento poderoso para profundizar en la mejora de los derechos de los consumidores".

Riolobos calificó de "error garrafal" que Alemania culpara a los pepinos españoles del brote epidémico y acusó al Gobierno de Zapatero de "lentitud y torpeza" a la hora de abordar la crisis. Además, la senadora popular exigió al Ejecutivo que dejara de denominar "crisis del pepino" a la crisis alimentaria alemana en los documentos oficiales de los distintos departamentos ministeriales.

Por otra parte, la portavoz de Consumo del PP reprochó al Gobierno de Rodríguez Zapatero que hubiera eliminado el término "consumo" del nombre y las prioridades del Ministerio de Sanidad y que ignorara los problemas reales que mas han afectado a los consumidores, como son la subida de precios e impuestos y el incremento del paro.

Asimismo, la senadora popular recordó que el Gobierno "hace caso omiso e incumple" los mandatos del Senado y "llega tarde y mal" a las crisis que han afectado a miles de consumidores. "Usuarios de aeropuertos y metro atrapados en ratoneras por huelgas salvajes y el impacto económico sobre el sector agrícola por el brote de e coli", denunció

Durante su intervención en el pleno, Riolobos recordó que la Constitución, en su artículo 51, reconoce el derecho de autodefensa de los consumidores y usuarios, insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y a promover las organizaciones que defienden los derechos de los usuarios.

La moción del Grupo Popular se aprobó con el siguiente texto:
El Senado insta al Gobierno sin menoscabo de las atribuciones exclusivas en la materia de las Comunidades Autónomas y en coherencia con la vigente legislación europea a:
1.- Continuar promoviendo medidas que garanticen la veracidad en la información publicitaria, tal y como recoge la transposición de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y que tengan en cuenta los derechos y los intereses de los consumidores.
2.- Impulsar la incorporación en los medios de comunicación de espacios específicos de orientación, información y sensibilización sobre los derechos de los consumidores
3.-.Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información que aparezca en la red sobre consumo, extendiéndolo a los servicios de atención al cliente para facilitar la igualdad de oportunidades.
4.- Fomentar la utilización de cartas de servicios por parte de las empresas que presten servicios de interés general, estableciendo garantías de calidad, pautas y compromisos en su funcionamiento y en la atención a los clientes.
5.- Ser más eficaces a la hora de potenciar la incorporación, en los envases y embalajes, de toda la información que sea relevante para los consumidores, en especial sus posibles efectos sobre la salud, el consumo energético y el medio ambiente, y las limitaciones de accesibilidad a los niños y en los productos alimentarios la información sobre su trazabilidad siempre que sea posible y cumpliendo las directivas europeas.
6.- Extender y flexibilizar el Sistema Arbitral de Consumo a través de acuerdos entre organizaciones empresariales sectoriales y las asociaciones de consumidores y usuarios.