El PP reclama un Plan Nacional de Seguridad de los Profesionales Sanitarios

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Mario Mingo, recuerda que hay una tendencia ascendente de violencia física o verbal contra los profesionales sanitarios que lamentablemente se consolida cada año.

Así, pone como ejemplo una encuesta del pasado mes de octubre en la que, de 2.843 consultados, el 68% de los médicos aseguraba  haber sido víctima de agresiones, amenazas o coacción por parte de sus pacientes, de las que el 3% fueron episodios de violencia física y siendo las Comunidades Autónomas de Madrid y Canarias las que más casos de amenazas registran.

No obstante, advierte el diputado del PP, en el plano jurídico se han realizado en los últimos años algunos avances en la protección de los profesionales sanitarios, fundamentalmente orientados a la seguridad de los médicos, que es el colectivo que registra mayor número de casos de agresión por parte de los pacientes o sus familiares

Además, el Fiscal General del Estado envió, a finales de 2009, un comunicado a todas las Fiscalías del país en el que definía las premisas bajo las que una agresión en el ámbito sanitario podría ser tipificada como delito de atentado contra funcionario público en virtud del artículo 550 del Código Penal.

Así, en los últimos mese se han producido numerosas sentencias que tratan la agresión como delito y no como falta, lo que conlleva penas de prisión de hasta tres años. Sin embargo, el portavoz del PP lamenta que la resolución judicial de los casos es lenta y que mientras se resuelven, los profesionales tienen que seguir asistiendo a su trabajo con el riesgo de tener que atender a sus agresores.

Por todo ello, Mingo considera que para reducir las agresiones a los profesionales sanitarios, además de acciones en el ámbito jurídico, el Sistema Nacional de Salud debe tomar conciencia de la dimensión de este problema y poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales.

En su opinión, los datos ponen de manifiesto que aún queda un largo camino por recorrer y que para hacerlo debe existir un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.