El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha remitido un escrito a la mesa de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas (TC), fechado el pasado 4 de marzo, por el que le insta, en el ámbito de sus competencias, a que acuerde solicitar al TC la realización de un informe de fiscalización sobre la financiación por parte del Ministerio de Exteriores de la remodelación y renovación de la Sala XX de la sede de la ONU en Ginebra.
Tres son los puntos que quiere el PP que contemple ese informe de fiscalización ante las "sospechas fundadas de irregularidades concurrentes", según la exposición de motivos del escrito. En primer lugar, el "posible fraude de ley" en la creación de la Fundación ONUART "con el fin de eludir los requisitos que deberían haberse exigido con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación de la obra"; en segundo, "la legalidad de la financiación (de la obra) con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) teniendo en cuenta lo que se establecía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)"; y, tercero, "la justificación de la subvención de acuerdo con lo que se establecía en el Real Decreto de concesión directa de la ayuda".
En relación con la Fundación ONUART, el PP recuerda que se inscribió en el Registro de Fundación el 2 de julio con la finalidad, según consta en el propio expediente de inscripción, de promover la presencia del arte español en el ámbito de las Naciones Unidas y de otros foros multilaterales con sede en Ginebra y que, seis meses después, recibe la primera aportación con cargo al FAD sin reunir "en ningún caso las condiciones de entrega de fondos prevista en la LPGE 2007".
Según recuerda el PP, el Consejo de Ministros financió la remodelación y renovación de la sala de la ONU por dos vías. En 2007, aprobó una partida de los FAD con una previsión incluida en la LPGE de ese mismo año que recoge las condiciones excepcionales de entrega de ese Fondo, orientado únicamente a "aportaciones de capital y contribuciones financieras a organismos e instituciones internacionales, programas de desarrollo y fondos multilaterales de desarrollo con los que España tenga o suscriba el oportuno acuerdo o convenio de financiación".
La segunda vía para financiar esa obra se produjo en 2008, con la aprobación de un Real Decreto que regula la "concesión directa" de una subvención a la Fundación ONUART por un importe de 2.037.200 euros "sin que exista una dotación prevista inicialmente para atender esta contingencia -toda vez que la disposición final primera del Real Decreto habilita al Ministerio de Economía y Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias para atender esta necesidad-", y sin que la LPGE para 2008 contemple la posibilidad de utilizar los FAD para los fines contemplados en la Ley de Presupuestos del año anterior.
El PP entiende que ese "cambio de proceder" por el que el Ministerio de Exteriores opta por "el cauce de una subvención directa con cargo a una partida indefinida del presupuesto del gasto no financiero del Ministerio" desechando los libramientos iniciales realizados con cargo al FAD "denota que debió existir conciencia en el Ministerio de que no era apropiado, por ilegal, el uso de la vía" primera.
Aparte de la "irregularidad evidente cometida con los libramientos realizados con cargo al FAD", el PP entiende también que la transferencia de 2008 "está plagada de posibles irregularidades invalidantes". En concreto, la justificación para aprobar la subvención directa a ONUART. Según recuerda el PP, el Gobierno justificó la concesión directa amparándose en el artículo 22.2 de la LGS porque no fue posible promover la concurrencia excepcionalmente por razones de interés público y social. Una justificación "inaceptable", a ojos del PP, puesto que lo "único que revela es que ha habido un otorgamiento directo de una subvención para financiar una obra de un artista determinado cuando podría haber otros grupos de artistas que pudieran perfectamente reunir las condiciones y cualidades artísticas para llevarlo a cabo".
Por todas estas razones, el PP insiste en solicitar al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre el gasto de Exteriores en la remodelación de la sala de la ONU.