El PP reclama al Gobierno que inicie los trámites ante la UE para que el sector agrícola cobre el precio del CO2 por hectárea cultivada

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación aprueba, con el voto en contra del PSOE, la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Gobierno que reconozca la sostenibilidad del sector agrícola español y su contribución en la lucha contra el calentamiento global y que inicie los trámites ante la UE, para el cobro por hectárea del precio del CO2, establecido en el mercado de emisiones. 

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Palencia, Jorge Martínez Antolín, afirma que con esta moción “pretendemos defender la imagen de nuestros agricultores y ganaderos, rompiendo el estigma impuesto por el Gobierno de Sánchez, la ultraizquierda y determinados grupos ecologistas, que lo sitúan como un sector contaminante”.

Critica la “demonización del sector” por parte del Ejecutivo, que se traslada en muchas de sus actuaciones. Pone como ejemplo las campañas contra el azúcar; la afirmación de que la carne producida en España es de mala calidad; o la obligatoriedad de que el vino se etiquete señalando “que es cancerígeno”; la proclama de que la “culpa de la sequía es de los agricultores por regar”; y la afirmación de que “la agricultura es responsable del cambio climático”.

“Nunca nadie habló tan mal de nuestros agricultores y ganaderos. Y aún se preguntan por qué el sector se manifestó por toda la geografía española”, ironiza Martínez Antolín.

Asevera que “cuando oímos a Pedro Sánchez hablar de transición ecológica y de las actuaciones de su Gobierno en esta materia, el resultado es muy preocupante”, y señala que “este discurso encaja a la perfección con la histeria de la izquierda política en estas cuestiones”. 

Defiende que los estudios realizados por diferentes centros de investigación agraria sugieren que la fijación de CO2 por parte de las especies vegetales cultivadas en España compensa “con creces” las emisiones del sector agrario.

Además, destaca que los datos presentados indican que “el secuestro de carbono por parte de los cultivos es capaz de compensar el 20,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, ante lo que afirma que “si los sectores que contaminan, pagan por ello; la agricultura que contribuye a reducir los GEI, deberían cobrar por ello”. 

Jorge Martínez Antolín pone el foco en la Ley de Restauración de la Naturaleza, “apoyada y defendida a ultranza por la izquierda”, que supondrá la pérdida del 40% de terreno cultivable. 

En palabras del senador, supone un ataque directo a la contribución de la agricultura como herramienta para el diseño de estrategias destinadas a mitigar el calentamiento global, además de su “efecto social”, pues permite fijar la población en la España rural. 

“El reto de nuestros agricultores y ganaderos ya no es sólo producir alimentos en cantidad y calidad suficiente, sino también contribuir, como hemos explicado, a reducir el cambio climático, si este Gobierno les deja”, concluye.

La moción del GPP en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado insta al Gobierno a:

1. Reconocer la sostenibilidad del sector agrícola español desde el punto de vista medioambiental.

2. Reconocer que el sector agrícola español contribuye de forma decisiva a luchar contra el calentamiento global y que, por ello, no es contaminante desde este punto de vista.

3. Que inicie los trámites oportunos en los órganos de decisión de la UE, para que el sector agrícola español cobre por hectárea el precio del CO2 establecido en el mercado de emisiones.