El PP rechaza la transferencia de las nuevas responsabilidades en Inmigración a las CCAA

Estas consideraciones se han producido en el seno de la reunión de Coordinación de Consejeros de Inmigración, que ha tenido lugar esta mañana en la sede nacional del PP, y que se ha celebrado con motivo de la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para hoy por el Gobierno. En el encuentro han participado los consejeros del PP en la materia, el secretario de Nuevas Políticas, Gonzalo Robles, el secretario de Participación Social, Rafael Rodríguez Ponga y el portavoz de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.

Los dirigentes del PP han coincidido en señalar que el Gobierno pretende, con esta maniobra, eludir la responsabilidad de su pésima gestión en Inmigración y trasladarla a las Comunidades Autónomas.

Además, han criticado que se les transfieran responsabilidades para la elaboración de informes sobre el esfuerzo de integración, sin dotar de los medios económicos para llevarlos a cabo. Tampoco se establecen criterios objetivos para realizarlos, ni un modelo estandarizado para que estos informes de las respectivas Comunidades se realicen conforme a los mismos criterios y no den lugar a arbitrariedades.

Los responsables de Inmigración del PP han subrayado que el Gobierno ha reducido los recursos del Fondo Estatal de Acogida a la Inmigración, que pasan de 200 millones a 66 millones de euros, y que por tanto no es coherente que en esta situación de crisis y de recorte de gastos, se dé lugar a mayor burocracia y dispersión al trasladar la gestión a las Comunidades Autónomas.

También han denunciado que esta reforma no da solución a las situaciones de miles de personas que han perdido sus trabajos como consecuencia de la crisis y por ello pierden sus papeles por el retraso en la aprobación del Reglamento.

Los dirigentes del PP han concluido su reflexión destacando que parece incongruente que el Gobierno, justo en los momentos en los que está exigiendo a las Comunidades recortes presupuestarios y una mayor austeridad en el gasto, les transfiera una carga administrativa de unas dimensiones que no están dispuestas a asumir por subjetivas, por arbitrarias y no objetivables y, en definitiva, para tapar la mala gestión del Gobierno socialista en materia de inmigración.