El PP recalca que Iceta asegura que los trabajadores públicos temporales no serán fijos sin pasar por un proceso de consolidación

El portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario Popular y senador por Ávila, Juan Pablo Martín, ha recalcado que el ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, ha asegurado hoy ‘que los trabajadores públicos temporales no serán fijos sin pasar por un proceso de consolidación’. “Después de su intervención de hoy, el PSOE tendrá poco margen para ese doble discurso que estaba manteniendo en relación con los trabajadores de la Administración Pública”, ha dicho Martín a Iceta.

Juan Pablo Martín se ha pronunciado así en la Comisión de Función Pública de la Cámara, en la que ha comparecido el ministro del ramo, Miquel Iceta, y en la que Martín ha puesto de manifiesto que “se ha demostrado una vez más, pero con más fuerza que nunca durante esta pandemia, que los servicios públicos han sido esenciales para mantener este país a flote en momentos muy difíciles”. El portavoz popular ha puesto sobre la mesa el trabajo desarrollado por el GPP en esta Comisión, en la que ha permitido la aprobación de mociones como la que pide al Gobierno a la adopción de las acciones normativas y legislativas necesarias para promover una verdadera consolidación administrativa de los empleados públicos temporales en fraude de ley; la que pide diseñar un plan estatal de cobertura de funcionarios habilitados nacionales, con especial atención a la problemática de los pequeños municipios; o la que solicita a la aprobación de un proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado en la presente Legislatura.

TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

Juan Pablo Martín se ha referido a “la temporalidad en el empleo público, en todas las administraciones españolas, aunque con cifras muy divergentes entre la Administración General del Estado (7,2%), Comunidades Autónomas (36,2%) y Entidades Locales (12,3%), y que ha alcanzado unos niveles de volumen, frecuencia, intensidad y generalización que no son aceptables”.

En este sentido, el senador del PP ha recalcado que el ministro dio una fecha clave en su comparecencia en el Congreso y que hoy no ha vuelto a repetir: “En 2008 se empezó la congelación de las ofertas de empleo público, y en 2010, se aprobó el Decreto Ley de 20 de mayo, por el que se adoptaban medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; no creo que haga falta que le explique quién gobernaba y qué contenía este documento”.

“Si tan nocivas son, si tan rechazables son las tasas de reposición como herramienta de gestión, han tenido la oportunidad de suprimirlas en los PGE de 2021 y, sin embargo, no lo han hecho”, se ha dirigido al ministro Iceta a quien ha reprochado también que “este Gobierno ha seguido estableciendo límites a la cobertura de plazas fijas y al alcance de las Ofertas de Empleo público”. El portavoz popular ha asegurado que “la cogobernanza no puede ser utilizada como burladero para la ausencia de gobernanza”.

El problema de la temporalidad debe abordarse en dos niveles diferenciados: Por un lado, “evitando nuevas bolsas de temporalidad que amplifiquen el problema en el futuro”; y, por otro lado, “cómo dar solución al problema en que se encuentran los casi 800.000 trabajadores públicos temporales que llevan años en esta situación”.

“¿En qué términos concretos ha trasladado el Gobierno a la Mesa General de la Función Pública cómo quiere reformar el Artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)? ¿Considera el Gobierno que es necesario abordar de manera previa o paralela la reforma o adaptación de otras normas de afectación a la contratación temporal en el sector público? ¿Qué soluciones contempla el Gobierno para los empleados públicos afectados por el abuso en la contratación temporal y para la reducción efectiva de la tasa de temporalidad existente actualmente en el conjunto de las Administraciones Públicas?”, ha pedido respuesta a Miquel Iceta.

NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

Desde el Grupo Popular, su portavoz del área, ha señalado que es necesario “debatir y aprobar una Ley de Función Pública, no sólo porque el Estatuto Básico del Empleado Público así lo contemple desde 2007, no sólo porque numerosas CC.AA. ya hayan legislado sobre la materia y no así el Estado; sino porque lo consideramos esencial para una adecuada prestación de los servicios públicos en términos de calidad, eficacia y eficiencia”.

Esa normativa, ha explicado Juan Pablo Martín, “debe surgir del diálogo con la representación sindical de los empleados públicos en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y contar con el mayor consenso parlamentario posible, por tratarse de una norma absolutamente estructural y transversal”.

En la misma línea, el senador abulense ha recalcado que el GPP será “especialmente exigente” a la hora de abordar aspectos tan relevantes como las fórmulas y requisitos de acceso a la función pública, incluida la cuestión de las lenguas cooficiales, la regulación del personal directivo y eventual, la carrera profesional y el régimen retributivo, los derechos y deberes de los trabajadores públicos, la temporalidad, la movilidad laboral y la posibilidad de adscripción a distintos organismos en caso de situación de emergencia o estado de alarma, la igualdad, la conciliación de la vida laboral y familiar, el teletrabajo, la eficacia y sostenibilidad de la administración, las especificidades del funcionariado en el mundo rural, la evaluación del desempeño y productividades, las edades de jubilación, etc.

ESTATUTO DEL PEQUEÑO MUNICIPIO

En otro punto de su exposición, Juan Pablo Martín ha preguntado a Iceta si no le parece “un discurso contradictorio” hablar de estrategias para luchar contra la España vaciada, y a la vez consagrar la ausencia funcionarial en los destinos laborales en un proceso que, además, puede ser la antesala para una modificación de la planta municipal.

“Le pedimos que todas estas cuestiones se puedan abordar en el Estatuto del Pequeño Municipio, cuya tramitación ya anticipó en su comparecencia de hace unos días en la Comisión de Entidades locales”, ha apostillado el senador del PP, quien también ha asegurado que este Estatuto debería servir, no sólo para simplificar aspectos procedimentales en el seno de las entidades locales más pequeñas, sino que debería aprovecharse para “incorporar medidas en materia de financiación, en materia de organización y en materia competencial que permitan darle un vuelco a esa situación de desamparo y agravio que sufren muchas de esas entidades”.

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

En referencia a las políticas de transparencia, Juan Pablo Martín ha recordado a Miquel Iceta que “su Ministerio tiene pendiente designar al vocal en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en representación de la Secretaría de Estado de AA.PP. Lo tiene pendiente desde hace más de un año y sin ese nombramiento, no puede estar operativa la Comisión del Consejo de Transparencia”.

En el mismo ámbito, también ha solicitado al titular de Función Pública que “el Consejo de Ministros agilice el nombramiento del diputado y senadora designados por ambas cámaras para que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno pueda iniciar sus trabajos”.

Para terminar, Juan Pablo Martín se ha referido a la utilización de los fondos europeos, que ya se ha anunciado que se utilizaría para la modernización de la Administración General del Estado, pero que “nos gustaría que pudiera adelantarnos algunos planes, algunos proyectos concretos que vayan en esta línea de modernización y del uso que se le va a dar a estos fondos”. Igualmente, ha reivindicado “la necesaria mejora de la participación de las Entidades Locales en esa distribución de los fondos de recuperación y resiliencia. A igualdad de gasto público, igualdad de participación en los fondos europeos” ha finalizado.