El portavoz de Seguridad Vial del Grupo Popular en el Congreso, Federico Souvirón, ha anunciado que su formación ha registrado la petición de comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la Comisión no permanente de Seguridad Vial, para que informe sobre las razones que han aconsejado la prórroga del contrato de concesión de los Cursos de Sensibilización y Reeducación Vial el pasado mes de diciembre, un asunto, en su opinión, "cuajado de irregularidades desde el principio".
Asimismo, también solicita la comparecencia del Director General de Tráfico, Pere Navarro, en la misma Comisión y un informe del artículo 7 en el que se detalle cómo ha sido todo el proceso, desde el principio hasta el final. El Grupo Popular también enviará una batería de preguntas escritas al Gobierno relacionadas con el asunto.
En este sentido, el PP quiere saber "por qué son tan pocas las autoescuelas que pueden impartir ese curso, por qué son las que son y no otras y por qué había tantas prisas por parte del Gobierno en conceder eso".
Así, destaca que en el mes de diciembre el Ministerio del Interior decidió prorrogar el modelo actual de recuperación de puntos, que es a través de una concesión administrativa, "deprisa y corriendo", con "nocturnidad y alevosía", porque según el pliego de condiciones que firmaron las partes, en todo caso eso debía haberse producido después de analizar lo que ha pasado en estos cinco años y en el plazo de tres meses antes de que venciera la misma, el próximo mes de julio.
Además, el PP asegura que el Ministerio decide prorrogar un modelo "en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, en contra de la Directiva Comunitaria de libertad de servicios y su trasposición a través de la ley Omnibus y, desde luego, con el rechazo de la mayoría de las autoescuelas, que consideran que es un atropello y un atentado contra la libre competencia".
Así, los populares quieren saber "cuanto antes y de la forma más detallada, cómo es posible que el Gobierno adopte una medida de este tipo, de esta manera, en contra de tanta gente y además perjudicando a los consumidores, porque al ser un régimen cerrado, de monopolio en la prestación del servicio, no permite el juego de la oferta y la demanda".
Por último, el PP entiende que se trata de un tema que debe explicarse "porque tiene una repercusión económica y hace que algunas autoescuelas no puedan prestar estos servicios en un momento en que precisamente pequeños y medianos empresarios y autónomos, que son los que llevan estos negocios, necesitan ayuda".
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