El pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular, tras aprobar una enmienda transaccionada con el PSOE y PNV y que ha sido apoyada por una amplia mayoría, por la que se pide al Gobierno que inicie los trámites que permitan mejorar el marco normativo que regula el delito de usurpación de inmuebles. En concreto, propone la modificación del artículo 245 del Código Penal con el fin de reorientar y adaptar el tipo penal de usurpación a la situación actual.
Asimismo, la iniciativa propone que se estudie un procedimiento o juicio rápido o inmediato que agilice el tiempo de los litigios derivados de la ocupación ilegal de inmuebles. También pide las modificaciones legislativas dirigidas a reforzar y posibilitar la adopción de medidas tendentes al desalojo de inmuebles desde el momento en el que se aprecie indicios de infracción penal.
La senadora del PP por A Coruña, María Aparicio, ha puesto de manifiesto durante su intervención, que el ordenamiento jurídico en la actualidad no respalda la actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los Tribunales de Justicia para hacer frente al problema que supone la ocupación ilegal de viviendas.
Así, ha concretado que las ocupaciones ilegales provocan que el propietario del inmueble ocupado tenga que iniciar un largo y penoso procedimiento judicial para recuperar la vivienda y el desalojo de los ocupantes, “que en muchos cosas sólo son sancionados con una multa, que con frecuencia no se hacen efectivas y que genera entre la ciudadanía la sensación de impunidad”.
Además de los propietarios, otra parte afectada por esta problemática son los vecinos de los inmuebles ocupados que residen legalmente en el mismo edificio porque soportan a menudo actos vandálicos y comportamientos incívicos que requieren en ocasiones la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, según el marco normativo actual, no pueden realizar ninguna intervención, salvo en casos de flagrante delito.
Por otro lado, María Aparicio ha subrayado que “es una moción en favor del Estado de Derecho que pretende recuperar la propiedad privada y crear un marco normativo con las suficientes garantías para reponer sus derechos a los propietarios de los inmuebles usurpados. También para favorecer la convivencia social pacífica y para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentren amparados para poder intervenir ante actos vandálicos”.
REALOJO PARA FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
La moción aprobada pide además que mientras que no se produzcan las modificaciones legislativas que se han propuesto, se impulsen las medidas necesarias para que los delitos relacionados con la ocupación de viviendas puedan ser tratados en juicios rápidos.
También concreta que en los casos en los que los ocupantes del inmueble sean familias en riesgo de exclusión social se pida a las administraciones implicadas las medidas necesarias para su realojo.
Es importante el compromiso adquirido para elaborar un Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos, impulsando en este marco la coordinación, mutuo auxilio y la información recíproca con las policías autonómicas y locales e intensificando la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Cuerpos de la Policía Local.
Por último, Nuria Guijarro, senadora por Murcia, se ha felicitado por el acuerdo logrado “porque esta moción es fruto de acuerdos en un tema que debemos abordar desde el consenso entre todos los sectores implicados para proponer a los ciudadanos mecanismos para proteger al propietario y atender a las familias necesitadas”.
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