El PP promoverá la ampliación de competencias de los fiscales en defensa de consumidores y usuarios

La portavoz de Consumo del Grupo Popular ensalza la labor del Gobierno para elevar la cota de protección ante algunas prácticas abusivas

Andrea Fabra ha anunciado la presentación de una enmienda en aras del interés social por la que se propone ampliar las competencias de los fiscales para que puedan ejercitar toda clase de acciones en defensa de los consumidores y usuarios.

En su intervención en el Pleno durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Fabra avaló la labor realizada por el Ejecutivo en aras a introducir mejoras y elevar el nivel de protección de consumidores y usuarios así como para reforzar la seguridad jurídica tanto de estos como de los empresarios con quienes contratan transponiendo la Directiva comunitaria 2011/83 que permitirá eliminar disparidades y obstáculos que pudieran generarse en el mercado interior europeo.

La diputada popular ensalzó el Proyecto de Ley que mejorará la protección que hasta ahora se brindaba a consumidores y usuarios "frente a las prácticas abusivas de algunos operadores económicos".

Fabra avaló así la firmeza del Gobierno "por frenar los excesos de años pasados" y dio respuesta, una a una, a las críticas lanzadas desde la oposición. A quienes critican el retraso en la transposición de la Directiva les recordó "su largo historial de importantes retrasos, en algunos casos de años, por los que incluso llegamos a ser expedientados", y a quienes dicen que el Gobierno se estaría extralimitando en sus competencias les replicó que "nada hace pensar que se pueda estar poniendo en riesgo el carácter constitucional de la norma".

La parlamentaria popular también profundizó en el proyecto y en las mejoras que acarreará. Por ejemplo, citó Fabra al hablar de la necesidad de elevar la calidad de los Servicios de Atención al Cliente, "las nuevas exigencias introducidas respecto de la obligación del empresario de facilitar atención al cliente ya sea de manera presencial o a distancia, además de entregar una clave identificativa y un justificante en soporte duradero".

La diputada popular citó algunos abusos contra el usuario y el consumidor, como la comercialización indiscriminada de productos financieros comercializados masivamente en los años 2009 y 2010, cuando gobernaba Zapatero, y contrapuso la "enorme sensibilidad y el firme compromiso" del Gobierno de Rajoy en este asunto con la conducta del anterior Ejecutivo socialista, donde no hubo nadie que "alertara de los riesgos ni actuara al respecto, por mucho que algunos quieran borrar las huellas de su clara e inexcusable responsabilidad política y social".

"Hoy miles de ahorradores que no tenían esperanzas por recuperar sus inversiones -prosiguió Fabra tras destacar las medidas del Gobierno encaminadas a fomentar la prudencia financiera y evitar el sobreendeudameiento irresponsable-, han logrado recobrarlas gracias a la aprobación de un marco legal que, por cierto, ustedes votaron en contra y al fortalecimiento de la figura del arbitraje como instrumento ágil, eficaz y mucho menos costoso".

Así, Andrea Fabra recordó también cómo en las dos últimas legislaturas, cuando el crédito bancario a las empresas y familias aumentó en más de 900.000 millones, "se toleraron abusos contra ahorradores y deudores hipotecarios, se aprobaron modificaciones legislativas como el desahucio exprés con el aplauso de unos y el silencio de otros y se miró hacia otro lado mientras todo esto sucedía".

"Ha tenido que ser un gobierno del Partido Popular el que ha modificado la normativa de protección de deudores bancarios a través de la Ley 1/2013, para reforzar la transparencia, limitar los intereses de demora así como la capacidad de las entidades de crédito para reclamar cuotas al deudor hasta que no se hayan producido tres impagos", aseveró la portavoz popular.

 

Finalmente, Fabra aseguró que "se están tomando medidas encaminadas a fomentar la prudencia financiera y evitar el sobreendeudamiento irresponsable y, esto junto con otras medidas, como la creación del Fondo Social de Viviendas o la aprobación del Código de Buenas Prácticas, que ha permitido casi 1.700 reestructuraciones de deuda, pone de manifiesto la determinación de este Gobierno por frenar los excesos de años pasados y ofrecer soluciones a quienes hoy más apoyo requieren".