Según el diputado por Lleida y portavoz de Agricultura del Grupo Popular, José Ignacio Llorens, esta Proposición de Ley supone el cumplimiento de la moción popular que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de junio. "En democracia los acuerdos del Parlamento obligan al Gobierno a cumplirlos".
Para Llorens, estas medidas son más necesarias que nunca, porque desde que se suprimieron el año pasado las tarifas especiales de riego, las nuevas tarifas se han incrementado de un 60% a un 100%, a pesar de que el Gobierno se comprometió a que no subirían. La reducción del 16% al 7% del IVA que se aplica a las tarifas de riego ya ha sido conseguida por otros países de UE, como Italia, que la ha reducido al 4%. Por otra parte, el aumento del IVA de compensación del sector ganadero supone simplemente equipararlo al que ya tiene el sector agrícola.
En opinión del portavoz popular, "la política del Gobierno socialista contra el sector agrario es insostenible; el nuevo curso no puede empezar peor para nuestros agricultores y ganaderos". Por primera vez, la deuda del sector agrario (23.440 millones de euros) va a superar a la renta agraria (23.282 millones de euros), que a su vez desciende año tras año desde el 2004, y que en el último año cayó un 4,7% respecto a la anterior. Además, el Ejecutuvo ya anuncia que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino sufrirá un recorte del 13,7%, lo que representa unos 666 millones de euros.
Asimismo, Llorens recordó que el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra Espinosa para que explique el Nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, porque está lleno de "amenazas e incertidumbres para el futuro del sector hortofrutícola español".
Los acuerdos suscritos entre las OPAS, las industrias y las distribuidoras para recuperar los precios en el sector lácteo no funcionan, las bodegas están repletas y el precio del vino hundido, y en estos momentos sería difícil encontrar un solo sector que no atraviese una situación crítica.
Esta misma semana el Gobierno socialista pretendía aprobar un Decreto Ley para indemnizar los daños producidos por los incendios y las catástrofes naturales en el que quedaban excluidos los daños producidos al sector agrario por las tormentas de granizo. Afortunadamente el acuerdo de todos los grupos políticos permitió que el Decreto Ley se tramitara como una Proposición de Ley para impedir ese atropello.
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