El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, para su debate en Pleno de modificación de la denominada Ley de Igualdad, con el objeto de mantener las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, lo que hubiera evitado situaciones como las ocurridas recientemente en la cárcel de Alcalá Meco.
En opinión de los populares, la situación de los funcionarios de prisiones se ha visto afectada de forma negativa con la aplicación de la Ley Orgánica, de 22 de marzo y han explicado que el primer paso para comprender por qué no se puede realizar una aplicación generalizada de la Ley de Igualdad en este ámbito, es conocer de una forma clara, real y crítica cómo es una prisión por dentro, los riesgos del trabajo y la responsabilidad que se les exige a dichas funcionarias.
Para el PP, la separación de funcionarios en una escala femenina y masculina no es una discriminación, sino la consecuencia de un criterio de organización del trabajo adecuado y necesario por la especial naturaleza de las funciones y tareas a desempeñar por este colectivo en un entorno tan específico.
Por otro lado, el Grupo Popular ha indicado que la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, ha permitido que los funcionarios hombres tengan una mayor presencia en las cárceles de mujeres. "Esto puede dar lugar a conductas como las sucedidas en la cárcel de Alcalá Meco, donde se han denunciado abusos y relaciones sexuales entre presas y funcionarios, y donde ha tenido que dimitir la cúpula directiva de la prisión", han subrayado.
El Gobierno incumple el mandato del Congreso
El 23 de junio de 2009 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del Grupo Popular en la que, haciéndose eco de la especial problemática que ha generado la aplicación de la Ley de Igualdad a las funcionarias de instituciones penitenciarias, se instaba a que en el plazo de tres meses el Ejecutivo realizar y presentara en la Cámara Baja un balance de la aplicación de la Ley que determinara las distorsiones que la misma ha producido, y se iniciara un proceso de dialogo entre la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias y los representantes de las afectadas.
"El Gobierno no ha dado cumplimiento a este mandato de la Cámara y la consecuencia inmediata es que los problemas, lejos de desaparecer, se siguen produciendo", han declarado los populares.
En este sentido, el PP ha advertido que igual que a nadie se le ha ocurrido que en la aplicación de la Ley de Igualdad haya que ir hacia cárceles mixtas, no hay razón discriminatoria alguna que justifique someter a los funcionarios a un proceso de integración que les perjudica a ellos y a los reclusos y somete al sistema penitenciario a unas tensiones absolutamente innecesarias.
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