EL PP presenta una enmienda de devolución al Proyecto de Ley de Extranjería

El portavoz de Inmigración del Grupo Popular advirtió que España no puede seguir soportando la llegada de cientos de miles de inmigrantes cada año. Así, recordó que en 2008, a pesar de la crisis económica, el Gobierno de Zapatero expidió más de medio millón de tarjetas nuevas de residencia y de trabajo, lo que no ha servido más que para "complicar aún más la situación de los ciudadanos extranjeros inmigrantes que ya estaban aquí y también de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas".

Según Hernando, hace tiempo que nuestro país ha rebasado su capacidad de acogida y denunció que el Gobierno, con la reforma que plantea, sigue manteniendo un sistema similar al planteado por la "legislación Caldera" y que consagra este sistema de inmigración masiva que en estos momentos no tiene ningún sentido mantener.

El portavoz de Inmigración del PP señaló que la Ley tampoco define el tipo de inmigración que se quiere para nuestro país, mientras la mayoría de los países europeos sí lo han hecho a lo largo de los últimos años y los más desarrollados han optado por una inmigración cualificada en base a las necesidades del mercado laboral.

Además, consideró que esta reforma de la Ley favorece la actividad de las mafias que trafican ilegalmente con personas al establecer la posibilidad al inmigrante ilegal de optar entre la expulsión y la multa. En este sentido, calificó de "insensatez" que el Gobierno incremente las multas para poder permanecer en nuestro país, ya que la mayoría de estas personas carecen de recursos suficientes tan siquiera para subsistir.

La Ley Tempoco favorece el retorno
Asimismo, señaló que la norma tampoco favorece el retorno voluntario de los inmigrantes a sus países. En su opinión, el actual sistema de retorno ha sido y es "un auténtico fracaso" reconocido por el propio Gobierno con el dato de no más de seis mil personas en un año casi de vigencia de este modelo.

Hernando declaró que al PP tampoco le ha gustado que el Gobierno haya decidido aumentar el tiempo de ingreso en los centros de internamiento de los inmigrantes a los que se les abre expediente de expulsión pasando de 40 a 60 días.

Por último, el portavoz de Inmigración del PP criticó que la reforma no limite el reagrupamiento en cadena y que se mantenga el arraigo tal como se establece a través del Reglamento. "El arraigo debe aplicarse a personas que hayan entrado de forma legal en nuestro país", concluyó.

Política equivocada y errónea
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Alfonso Alonso, explicó que las razones para la presentación de esta enmienda están, en primer lugar, en que se ha desaprovechado la oportunidad de plantear una reforma completa de la política de inmigración del Gobierno socialista. En su opinión, la reforma que propone el Ejecutivo supone un nuevo parche a una política que ha acreditado ya su fracaso y que ha tenido un desafortunado desarrollo reglamentario.

El portavoz del PP destacó que el Proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo tampoco diseña una política de inmigración basada en la legalidad, en el orden y en la garantía de esa integración de los extranjeros. Según declaró, es una política que va "con el pie cambiado" respecto a lo que pasa en Europa porque no recoge alguna de las principales orientaciones del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que son elementos absolutamente fundamentales y claves para el PP.

Así, lamentó que la Ley no prohíba las regularizaciones masivas y tampoco haga referencia a ninguna política de integración, al equilibrio de derechos y deberes que el PP denominó contrato de integración y que significa que a los extranjeros que residen en España, además de reconocérseles los derechos, también deben asignárseles deberes y obligaciones.

Asimismo, criticó que tampoco se ha acreditado una voluntad de consenso por parte del ministro Corbacho a pesar de que el PP presentó una Proposición de Ley demostrando que siempre ha tenido la mano tendida en este asunto para trabajar conjuntamente y dar respuesta a la necesaria modificación de la política de inmigración.