Entre las aportaciones más destacadas de las enmiendas populares se encuentra suprimir, como fuente de financiación de RTVE, el 0,9% que el proyecto crea como nueva aportación a efectuar por los operadores de telecomunicaciones. El PP considera, compartiendo el criterio de la CMT, que tal obligación creada por el proyecto, atenta contra el derecho comunitario así como los principios constitucionales de capacidad económica, generalidad e igualdad.
Los populares proponen reducir las aportaciones de los concesionarios o prestadores del servicio de televisión, planteando el GPP un 2% de los ingresos brutos de explotación facturados para los operadores de televisión en abierto, en vez de un 3% como fija el proyecto del Gobierno, y un 1% para las televisiones de pago, en vez de un 1,5%.
El GPP además apuesta por mantener el presupuesto máximo para RTVE en 1100 millones de euros, en lugar de los 1200 fijados por el Gobierno, puesto que no está justificado el aumento en un 10% del presupuesto respecto al ejercicio 2009, y mucho menos en época de crisis.
También, los populares sugieren que sea la CMT quien, a partir del ejercicio 2011, fije anualmente el coste neto de la prestación de las obligaciones de servicio público que se imponen a RTVE, para que la determinación del presupuesto de la Corporación responda a criterios de eficiencia en la gestión del servicio público.
Por otro lado, el GPP solicita al Gobierno remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de 1 mes, el Proyecto de Ley General Audiovisual, que deberá definir, de una vez por todas, un modelo completo de televisión pública.
Las enmiendas populares también contemplan elevar el porcentaje del rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico regulada en la Ley General de Telecomunicaciones, para que, en lugar de afectar el 80%, como hace el proyecto, se afecte el 100%.
Con esta medida el PP pretende que RTVE se nutra principalmente de ingresos tributarios ya existentes. Además, tales aportaciones podrían acabar repercutiendo en las facturas de telefonía e Internet, lo que supondría un coste injustificado para los ciudadanos.
Otra de las enmiendas registradas por el PP incorpora como nueva fuente de financiación de RTVE un porcentaje de los derechos de propiedad intelectual recaudados por las Entidades de Gestión Colectiva cuyos titulares no hayan sido identificados en el plazo de 5 años. Para los populares, esta medida es coherente con las nuevas obligaciones adicionales de servicio que establece el Proyecto de Ley, entre las que se encuentra promover la cultura española.
El PP estima que reducir el máximo de películas internacionales de estreno a 52, es decir, una por semana, es más que suficiente, debiendo fomentar prioritariamente la industria cinematográfica nacional. Se propone además, que el Estado no pueda reservar o adjudicar a RTVE más de un canal múltiple para el servicio público de televisión.
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