El PP pide profundizar en el apoyo a las víctimas de robo de bebés

Durante el debate de esta iniciativa parlamentaria en la Comisión de Justicia, el portavoz popular indicó que el objetivo de esta PNL es  “reparar el daño causado a la víctimas, en la medida de lo posible, y evitar que hechos como estos puedan volver a suceder”.

El diputado del PP recordó que “en los años 2009 y 2010 afloraron una serie de casos, de bebés que fueron robados y apartados de sus madres, un fenómeno que se había iniciado en los años 60 y que se desarrolló durante varias décadas”.

“Se trata –añadió- de casos que fundamentalmente afectan a mujeres que estaban en riesgo de exclusión social, que tras su sedación en el parto les comunicaban un falso fallecimiento de la criatura, se falsificaban las partidas de defunción y de nacimiento y se procedía a un procedimiento irregular de adopción”.

El tiempo transcurrido, subrayó, hace que existan “dificultades para encontrar pistas y que algunos delitos hayan prescrito”.

Por otro lado, resaltó que “el Gobierno ha hecho mucho y bien para el esclarecimiento de los robos de bebés, para coordinar a las Administraciones Públicas en beneficio de la obtención de la verdad, que se haga justicia, que los afectados tengan facilidades de acceso a los datos y registros y que las víctimas puedan reencontrarse con sus familiares”.

Así, destacó que “desde el inicio de esta Legislatura, el Ejecutivo tomó las riendas de esta situación y el Ministerio de Justicia se reunió dos meses después de la constitución del Gobierno con los afectados, se constituyó un grupo de trabajo liderado por este propio Ministerio, coordinado con el de Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado”. 

“Fruto de esta labor de impulso y coordinación – indicó el portavoz Popular- se ha creado el Fichero de Perfiles de ADN para buscar coincidencias genéticas de los posibles afectados, o el Servicio de Información de posibles casos de bebés robados, que en su primer año de funcionamiento ha registrado 476 expedientes”.

Además, concluyó que el Gobierno, “en el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia ha incorporado mayor seguridad jurídica en los procedimientos de adopción y acogida y el reconocimiento del derecho de los adoptados a conocer sus orígenes familiares”.